¿Cuánto debe el Ministerio de Salud a las clínicas de diálisis en Ecuador?

¿Cuánto debe el Ministerio de Salud a las clínicas de diálisis en Ecuador?La deuda del Gobierno de Ecuador con las clínicas de diálisis asciende a 160 millones de dólares.

Más de 17 000 pacientes renales en Ecuador enfrentan una crisis crítica debido a la falta de pagos a las clínicas de diálisis, una deuda del Gobierno. La Asociación Central de Diálisis advierte que la deuda, acumulada por más de 14 meses, que provoca escasez de insumos esenciales y pone en riesgo la continuidad de los tratamientos.

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Según la última cifra acumulada, la adeuda con las dializadoras asciende a 160 millones de dólares, con corte a enero del 2025.

El ministro de Salud, Antonio Naranjo, reconoció que la deuda con las empresas de diálisis es real y un grave problema heredado de gobiernos pasados.

Además, aseguró que desde julio de 2024, tal como se comprometió el Gobierno actual, se ha pagado más de 60 millones de dólares, un promedio de 13 millones mensuales, para que puedan operar mensualmente. Sin embargo, señaló que algunos pagos de noviembre y diciembre quedaron pendientes para enero de 2025 debido al cierre fiscal.

Además, informó que se están implementando planes de pago con los prestadores de salud para evitar dificultades similares en 2025. Naranjo enfatizó que el problema no solo es pagar, sino reducir la cantidad de pacientes con insuficiencia renal crónica en el Ecuador. Según cifras oficiales, en Ecuador hay 2 millones de personas con algún grado de enfermedad renal.

Clínicas de diálisis alertan sobre escasez de insumos

Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis, por su parte, señaló que los pagos cesaron en septiembre sin explicación alguna. El incumplimiento de los compromisos ha alcanzado niveles insostenibles. “El gobierno ha jugado con la vida de miles de ecuatorianos”, dijo.

Además, Freire señaló que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) también adeuda cerca de 100 millones de dólares con las mismas clínicas. Sin los recursos necesarios, la atención se ve seriamente comprometida y miles de pacientes enfrentan un futuro incierto.

Los afectados exigen que el Gobierno cumpla con la Constitución y la sentencia 16-16JC, que obliga a implementar un plan de pagos para garantizar la continuidad del tratamiento de diálisis. De no resolverse la situación, la crisis podría cobrar la vida de cientos de ecuatorianos con insuficiencia renal crónica.