La figura dura un año y la jornada es flexible. El costo por despido es bajo para empresas. A la izquierda, Caterina Costa presidenta de la Cámara de Industriales de Guayaquil. Al centro, Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Cristóbal Buendía, Federación de Trabajadores Públicos y Privados. Fotos: Cortesía
Un contrato ‘emergente’ de trabajo puede durar un año o menos y se puede extender por un año adicional por una sola vez.
El pago del salario puede ser diario, semanal, quincenal o mensual. El costo por desvinculación se reduce porque no hay liquidación. Solo se paga desahucio y proporcionales de beneficios como décimos, fondos de reserva o vacaciones.
La modalidad es parte de la Ley Humanitaria, que está en vigencia desde el 22 de junio.
Desde esa fecha y hasta el martes de esta semana, 5 971 personas han sido vinculadas bajo esta figura, según información proporcionada por el Ministerio de Trabajo.
La figura se usa para contrataciones nuevas destinadas a sostener la producción, los ingresos de una empresa o nuevas líneas de negocio.
Otra característica de esta modalidad laboral es que tiene una jornada flexible, ya que puede ser de mínimo 20 horas semanales y máximo de 40, de lunes a sábado.
Para los empresarios, la figura ha permitido ampliar la nómina en ciertos sectores, en medio de la crisis generada por la emergencia sanitaria.
Javier Yunda fue contratado bajo esta modalidad el 28 de julio. Un restaurante en Machala solicitó sus servicios como repartidor de comida a domicilio. El contrato es de tres meses ,con un horario de 11:00 a 16:00.
El trabajo le llega cinco meses después de haber sido separado de una empresa cartonera. Con los ingresos, el joven pagará parte del arriendo del inmueble donde vive y un préstamo que adeuda desde hace tres meses.
“Era tomar el trabajo o no tener nada. Tengo la esperanza de que cuando termine el período me renueven el contrato y así, al menos, poder trabajar medio año”, contó.
El 60% de las vinculaciones bajo “contrato emergente” se concentran en tres actividades. Estas son: agricultura y ganadería, industria manufacturera y comercio.
Estos segmentos son también los que más pérdidas han sufrido por la pandemia.
En total, hasta el 3 de agosto, 671 empresas usaron la nueva figura legal. Las provincias donde ser registraron más modalidades de este tipo son: Pichincha, Guayas y Azuay.
Para Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, la modalidad es interesante porque ayuda a reducir las barreras para vincular empleados.
“Podemos tener sostenibilidad de la producción, fuentes de ingresos, nuevas inversiones, aumentar la operatividad y generar empleo”, destacó.
Las industrias metalmecánicas, por ejemplo, han contratado hasta un 10% más de personal por la demanda en ciertos giros de negocio, dijo Oswaldo Landázuri, que dirige una industria en la capital.
El incremento de las ventas de motocicletas hizo que se requiera más empleados para el área comercial y operativa, específicamente, para ensamblar los vehículos.
Landázuri explicó que, además, con este tipo de contratos se ha podido acceder a mayor cantidad de servicios de profesionales por períodos cortos a través de proyectos.
En el sector agrícola se ha contratado mayor mano de obra para crear nuevas líneas de productos, detalla Rafael Guerrero, de la Cámara de Agricultura de la Zona II.
El comercio, uno de los rubros que más pérdidas registra durante la emergencia sanitaria, se amparó en las contrataciones ‘emergentes’ para los departamentos de ventas y atención al cliente.
Según Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, las firmas comerciales suelen ser las que tienen los horarios más atípicos y las que requieren mayor flexibilidad de jornada.
Los gremios de trabajadores, en cambio, rechazan la modalidad laboral. La Federación de Trabajadores Públicos y Privados presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del contrato “emergente”, porque retoma la figura del extinto contrato a plazo fijo, eliminada en el 2015.
“Es una medida regresiva, que no brinda certidumbre ni estabilidad al trabajador”, dijo Cristóbal Buendía, procurador del sindicato.
Bajo el Código del Trabajo, existe una prueba de tres meses y luego el contrato se vuelve indefinido. Si hay despido, se debe cancelar liquidación y los beneficios de ley.
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