En uno de los pisos del edificio que lleva el nombre de Cofiec, ubicado en la avenida Patria, funciona Recycob. Foto: EL COMERCIO
La entrega irregular de un crédito al argentino Gastón Duzac terminó de sepultar al banco Cofiec. El escándalo mermó la reputación de la entidad al punto de llevarla a dejar el negocio bancario y convertirse en una empresa de cobro, luego de casi 50 años de operación en el mercado financiero.
En diciembre del 2014, la Junta de Accionistas de Cofiec resolvió dejar el negocio bancario y convertir a la entidad en Recycob, una firma de servicios auxiliares dedicada al cobro, judicial y extrajudicial, de cartera propia y de terceros.
La conversión se concretó el 22 de junio pasado, con resoluciones de las supertintencias de Bancos y de Compañías.
El titular de Bancos, Christian Cruz, explicó que la decisión de conversión voluntaria o liquidación voluntaria compete al accionista.
El paquete mayoritario de acciones (93,10%) es de la estatal Corporación Financiera Nacional (CFN). El resto de accionistas está compuesto por el Biess (3,27%) y otros accionistas minoritarios.
Según el último informe de calificación de riesgo de BankWatch de marzo pasado, las decisiones para la conversión “surgen del análisis de viabilidad del negocio”.
“La alta exposición de Cofiec, que deriva en la no continuidad de su negocio bancario, riesgo legal y de reputación, se origina en problemas severos de administración integral de riesgo”.
Se trata del primer banco del país que opta por esta figura contemplada en el Código Monetario, aprobado en 2014, según Cruz. Para acogerse a ella “es necesario pagar las obligaciones con el público”, dijo.
El gerente de Recycob, Fabricio Segovia, explicó que todos los valores fueron devueltos a los depositantes, quedando solo USD 109 000 por devolver, que corresponde a personas que todavía no han sido ubicadas o porque los valores son tan pequeños que los titulares no tienen interés en retirarlos.
La cartera bruta heredada a julio de 2015 fue de USD 7,1 millones. El desafío de la nueva empresa es cobrar esos valores y sumar nuevos clientes del sector financiero. “Las perspectivas nos dicen que será una empresa sostenible, sin problemas”, anotó el ejecutivo.
Cofiec, que se dedicaba a financiar al segmento industrial y comercial, fue por años una entidad de renombre gracias a una “mística de atención al cliente”, reseña un informe de calificación de riesgo.
Pero a partir del intento de fusión con Banco Progreso, en 1999, el banco entró en problemas de liquidez, afectando su imagen. Esto llevó a la Superintendencia de Bancos a intervenir a la entidad. Luego, el ente impuso un plan de regularización. Desde entonces la “incertidumbre” se convertiría en la condición permanente que marcaría el camino de la entidad.
En el 2004, el paquete accionarial mayoritario del banco fue incautado por la AGD al considerar que una persona relacionada con el hoy extinto Banco del Progreso estaba vinculada en la compra de esas acciones. Cinco meses después dos ciudadanos españoles y cinco firmas panameñas, que aducían ser dueños de esas acciones, iniciaron una querella judicial por la propiedad de esos títulos. A la larga esto generó una “percepción de incertidumbre” y “no ha permitido el desarrollo y competencia de la institución”, anota otro informe de calificación de riesgo elaborado en junio del 2008.
Nueve años después, la disputa se resolvió a favor del Estado, en septiembre del 2013.
Otra traba en la entidad ha sido la alta rotación de las autoridades al frente de la entidad, reseñan varios informes de calificación de riesgo. Por ejemplo, solo entre 1999 y marzo del 2008 Cofiec contó con siete presidentes ejecutivos.
Finalmente, las denuncias sobre créditos riesgosos e incumplimientos de políticas que se destaparon en el 2012 generaron riesgo de reputación, reseña otro informe de calificación de riesgos. Una de ellas fue en relación al crédito por USD 800 000 al argentino Gastón Duzac.
El director del Observatorio de Derechos y Justicia, Enrique Herrería, teme que con la conversión de la entidad puedan quedar en la impunidad las responsabilidades de funcionarios que hab rían participado en el manejo de Cofiec.
Sobre esto, Segovia dijo que desde 2014 la administración “jamás puso obstáculo alguno para que la justicia o las entidades de control actúen”. Indicó que “los archivos se mantienen y siempre se permitirá la investigación judicial que corresponda”.