La Ley de Creación de Oportunidades, presentada el viernes 24 de septiembre a la Asamblea, tiene dos retos por superar.
El primero es sortear la crítica de asambleístas de oposición de que un proyecto de Ley económico urgente debe contener una sola materia.
La norma enviada por el Ejecutivo reforma 30 cuerpos legales, pero según el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, en el pasado se han aprobado leyes similares como la de Justicia Laboral en el 2015.
El segundo es convencer a la Asamblea de que el país puede convivir con dos normas distintas para los trabajadores: una es el Código de Trabajo y es para quienes hoy tienen empleo; la otra, la reforma, que regirá para nuevos empleados.
Además, la propuesta legal mantiene cinco beneficios como fondos de reserva, afiliación, los dos décimos y vacaciones, pero prevé una reducción de beneficios en 15 derechos que hoy tienen los empleados bajo el Código.
Entre ellos está una reducción del costo del desahucio que cae del 25% al 15%; o de las liquidaciones por despido, que prevén el 50% de la remuneración por año con un tope de 15 años. Hoy, es el 100% de la remuneración por año con un tope de 25 años.
Las jornadas ya no serán rígidas en el nuevo esquema sino que las horas se pueden distribuir en seis días a la semana o durante el día y la noche, bajando el monto de pago de horas extras o suplementarias.
Según Carlos Loaiza, titular de la Cámara de Comercio de Quito, la flexibilidad era necesaria para que cada negocio adapte la jornada a sus necesidades. Cree que la reforma recoge las propuestas construidas en el diálogo que promovió el gremio las últimas semanas.
Loaiza agregó que el contrato a cuatro años generará empleo, en especial para emprendedores y jóvenes.
Gabriel Recalde, director del Observatorio de la Política Laboral, consideró que la Asamblea debe negar el proyecto porque no pueden existir dos códigos paralelos.
Además, señaló que la nueva Ley es discriminatoria con el resto de trabajadores que sí tienen empleo y que tendrán más derechos.
“La propuesta genera inseguridad jurídica. Ambas leyes no pueden existir. Lo que cabe es reformar el Código, pero reformarlo bien”, explicó.
Xavier Sisa, director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción, comentó que la Ley tiene varios elementos que van a eliminar barreras para generar empleo. “Para los nuevos contratos existe interesantes figuras para generar más contratación y dinamizar la jornada y horarios reconociendo que existen nuevos tipos de actividades productivas”.
La nueva normativa permite que empleados y empresas puedan acordar sus horarios de trabajo de acuerdo a sus necesidades; por ejemplo, distribuir mejor las 40 horas de trabajo a la semana en seis días con un máximo de 12 horas al día. “No se aumentan las 40 horas, pero se pueden distribuir mejor”.
Para la abogada Vanessa Velásquez, aunque la norma inyecta la flexibilidad que hace falta para que los negocios contraten más gente, tiene debilidades en los controles. “Faltan candados, es demasiado abierta y puede generar abusos de los empleadores”.
Por ejemplo, dice que las empresas pueden declarar la fuerza mayor y desvincular trabajadores solo pagando el desahucio del 15%, sin un informe previo. Lo mismo ocurre con la jornada reducida, que se hace sin pasar por un informe previo del Ministerio de Trabajo.
La experta considera que en la Asamblea se debería agregar todo un capítulo de controles para evitar posibles abusos.
Sobre esto, Loaiza dijo que la norma puede ser perfectible y enriquecida en la Asamblea.