Asamblea de Ecuador aprueba reforma a la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo

El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este lunes 30 de marzo del 2026, con 80 votos afirmativos, la reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. La normativa busca modernizar la planificación territorial y fortalecer el desarrollo local en el país.

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Cambios en el derecho a edificar

La legisladora Lucía Pozo, ponente del proyecto, explicó que uno de los principales ajustes se enfoca en el derecho a edificar. Este se define como la facultad de construir en un terreno conforme a las normas urbanísticas y a la edificabilidad asignada por los gobiernos municipales o metropolitanos.

La reforma también incorpora disposiciones sobre los informes del ente rector de planificación nacional en casos de infracciones, así como la actualización de los montos de sanciones.

Plazos y aclaraciones

El texto establece un plazo de un año para que los gobiernos autónomos descentralizados actualicen sus ordenanzas o actos administrativos relacionados con esta ley.

Pozo rechazó versiones que circulan sobre una supuesta facultad de destituir alcaldes por parte de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Aseguró que esa interpretación es incorrecta y no consta en la normativa aprobada.

Participación de actores locales

Durante el trámite legislativo, la comisión recibió aportes de entidades como el Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador, la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador.

Fortalecimiento institucional

La reforma introduce ajustes estructurales que refuerzan la planificación territorial. Entre ellos constan la obligatoriedad de planes parciales, la regulación de responsabilidades en consultorías y obras, y la creación de sistemas integrados de información territorial.

Además, amplía las atribuciones de la Superintendencia y reestructura el régimen sancionatorio para mejorar su capacidad operativa.

El proyecto será enviado al presidente Daniel Noboa, quien deberá decidir entre su sanción o eventual objeción.

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