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La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial aprobó, con seis votos afirmativos, el texto final del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (Lootugs), este 28 de marzo del 2026.
La resolución se adoptó durante la sesión No. 68. La presidenta de la Comisión, Lucía Pozo, explicó que el documento incorpora ajustes para fortalecer la normativa vigente y responder a aportes de expertos, organizaciones sociales y actores locales.
Uno de los principales ajustes se refiere al artículo 8. La reforma establece que el derecho a edificar se considerará concedido y vigente cuando los consejos municipales o metropolitanos aprueben conjuntos habitacionales o urbanizaciones.
Este cambio busca dar mayor claridad a los procesos de desarrollo urbano y a las decisiones de los gobiernos locales.
El proyecto incorpora el artículo 40.3, que define nuevas obligaciones para el ente rector de la planificación nacional. Cuando detecte posibles infracciones, deberá remitir un informe técnico a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.
Esta entidad estará obligada a iniciar acciones de vigilancia y control en un plazo improrrogable de un mes.
En el ámbito sancionatorio, la Comisión añadió una infracción muy grave en el artículo 108. Esta se relaciona con la emisión o ejecución de planes de uso de suelo y urbanísticos que no estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial.
Además, se reformó el artículo 109. Para infracciones leves se fijó un rango de multas entre uno y 20 salarios básicos unificados. Para las muy graves se mantiene el rango entre 50 y 100 salarios básicos.
Sin embargo, se incluyó una excepción: ciertas infracciones serán sancionadas con una multa equivalente al 3 % del presupuesto anual del respectivo gobierno autónomo descentralizado.
La Comisión también amplió de seis meses a un año el plazo para que los gobiernos autónomos descentralizados actualicen sus ordenanzas y actos administrativos.
Esto incluye regulaciones sobre uso de suelo, construcción, licencias y actividades económicas, así como la definición de plazos en los procedimientos administrativos.
Pozo señaló que las reformas buscan fortalecer la planificación territorial y responder a las necesidades de distintos sectores del país.
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