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El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 30 de marzo del 2026 una reforma legal que permitirá reducir el impuesto a la renta a quienes donen viviendas de interés social. El objetivo es reducir el déficit habitacional en Ecuador.
El Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional fue impulsado por el presidente Daniel Noboa y recibió 83 votos a favor de los 146 legisladores presentes. El bloque correísta votó en contra y cuestionó que la medida beneficie principalmente a sectores con mayores ingresos.
El proyecto modifica la Ley de Régimen Tributario Interno. Establece que los contribuyentes, empresas o personas naturales, que donen viviendas de interés social podrán acceder a una rebaja del 100 % del valor donado.
Sin embargo, el beneficio tendrá un límite: no podrá superar el 30 % del impuesto a la renta causado en cada ejercicio fiscal y no será objeto de devolución.
La reducción del impuesto aplicará desde el período fiscal 2026 hasta 2029. La norma fue enviada con carácter urgente en materia económica, lo que obligó a su tratamiento en un plazo máximo de 30 días.
El Gobierno definirá cada año un catálogo de necesidades de vivienda social. Este documento priorizará territorios con mayores niveles de pobreza, déficit habitacional y necesidades básicas insatisfechas.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ecuador registra un déficit superior a 700 000 viviendas.
La asambleísta oficialista Valentina Centeno sostuvo que la reforma busca reducir el déficit habitacional e impulsar la economía mediante la generación de empleo en el sector de la construcción.
Además, explicó que el beneficio también incluirá a personas que requieren subsidios parciales y que pueden completar el financiamiento mediante crédito.
El legislador Ricardo Patiño criticó la medida y aseguró que el Estado cuenta con recursos suficientes para construir vivienda social sin recurrir a incentivos tributarios.
Advirtió que la reforma podría reducir los ingresos fiscales y favorecer a determinados grupos económicos.
El Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) deberán emitir la normativa secundaria en un plazo máximo de 30 días para aplicar la reforma.
Enlace externo: Asamblea Nacional
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