Asamblea devolvió al Ejecutivo el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización
Imagen referencial. La Asamblea Nacional terminó este 28 de enero del 2021 el trámite de las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional devolvió al Ejecutivo este miércoles 10 de febrero del 2021 el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización que reforma el Código Monetario y Financiero.
A los 20 minutos de instalarse la sesión del CAL, con siete votos a favor, se decidió no calificar y devolver el proyecto porque "no cumple con los requisitos de la Constitución y la Ley".
Patricio Donoso, miembro del CAL, explicó que el documento se devuelve porque existen errores que el Gobierno debe aclarar. “En algunos artículos no hace mención a la Ley que se está reformando”.
Sin embargo, el legislador indicó que se tratan de problemas de forma y no de fondo.
#ATENCIÓN | “No cumple con los requisitos de la Constitución y la Ley”. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la #Asamblea devolvió este miércoles al #Ejecutivo el proyecto de Ley de Defensa de la #Dolarización que reforma el Código Monetario y Financiero pic.twitter.com/Y59p6g7Svd
— El Comercio (@elcomerciocom) February 10, 2021
El legislador indicó que, luego de los cambios, el Ejecutivo podrá volver a remitir el proyecto.
Entre hoy y mañana se remitirá el nuevo texto, según Donoso.
Con 7votos, el #CAL decide no calificar y devolver el Proyecto de Ley para Defensa de la Dolarización que reforma el #CódigoMonetarioYFinanciero pues no cumple con los requisitos de la Constitución y la Ley. pic.twitter.com/rplRRbOSft
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) February 10, 2021
El proyecto, que fue remitido el pasado 8 de febrero, busca, entre otros, proteger la dolarización. La normativa tiene también como objetivo dotar de autonomía al Banco Central del Ecuador (BCE) para evitar manejos políticos e “irresponsables” que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado.
Así, se busca proteger los recursos del sector público y de los ciudadanos, que están depositados en esta entidad.