En la campaña de ‘desinformación’ sobre la reforma al Impuesto a la Herencia, el Gobierno ha jugado un papel protagónico, aunque luego de un mes ha regresado prácticamente al punto de partida.
El primer anuncio sobre este tema lo hizo el Presidente, el 24 de mayo pasado, al señalar que la base para pagar el tributo se reducía casi a la mitad, lo cual implicaba que más personas pagarían este impuesto. Era previsible que la medida afectaba a los contribuyentes de clase media.
Luego se planteó una tabla que incrementaba la tasa máxima del impuesto, del 35% al 77%, lo cual, además de confiscatorio, no cuadraba con el argumento oficial de evitar la evasión. Pretender elevar la tasa para reducir la evasión era como subir el IVA del 12% al 20% porque hay contribuyentes que no pagan. Primero había que cobrar a los evasores.
Más tarde, el Gobierno propuso dos tablas para el cobro del Impuesto a la Herencia, pero a los pocos días anunció que era mejor unificarlas alrededor de la tasa del 47%.
Llegaron las protestas en las calles, los remitidos de las cámaras de la Producción y el Presidente convocó a un diálogo nacional a cargo de la Senplades, aunque prefirió organizar un diálogo paralelo con un grupo de grandes empresarios, con aquellos que lideran el ‘ranking’ de los mayores grupos económicos del país y son los que más invierten. El Presidente los catalogó como empresarios buenos, para diferenciarlos de aquellos que se dedican al ‘boicot’.
Los empresarios buenos le plantearon al Presidente que las reglas sobre el Impuesto a la Herencia no se cambien para no afectar los negocios en marcha. El Mandatario aceptó y dice que lo hizo porque es un pragmático, aunque lamentó que los medios de producción seguirán en pocas familias, que fue el punto de partida de la polémica reforma tributaria. Con esta decisión, el Gobierno ha empezado la retirada del proyecto del Impuesto a la Herencia, manteniendo solo las reformas sobre fideicomisos en el exterior, para reducir la elusión.