Ayer (24 de noviembre del 2015) el Pleno de la Asamblea aprobó, con una mayoría oficialista, la Pro forma presupuestaria para el próximo año. Foto: Pavel Calahorrano / El Comercio
El 2016 también será un año de ajustes para los gobiernos locales, cuya asignación desde el Fisco se reducirá un 12%.
La peor parte la llevarán los municipios con menos de
100 000 habitantes donde los recursos fiscales tienen el mayor peso, si se tiene en cuenta un análisis que hizo el propio Gobierno hace unos meses.
Con 83 votos a favor y 32 en contra, la Asamblea aprobó ayer (24 de noviembre) un presupuesto por USD 29 835 millones para el 2016, esto es, un 17% menos que lo previsto para este año.
Por ley, el Fisco está obligado a entregar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) una parte de su recaudación tributaria (21%) y otra de lo que perciba por ventas petroleras (10%), por lo que al reducirse los ingresos del Fisco bajan también las transferencias a los GAD.
La asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán, mocionó durante el debate de la Pro forma que se excluya de este ajuste a los GAD de Cotopaxi debido a que la provincia podría verse afectada por una eventual erupción del volcán Cotopaxi y, en el caso de cantones ubicados en el Litoral, los embates del fenómeno de El Niño. Sin embargo, el pedido no recibió apoyo del Pleno.
El 2016, según la Pro forma aprobada, los GAD recibiránUSD 2 862 millones, 12% menos que lo previsto este año (USD 3 253 millones). Para el cálculo de la transferencia que le corresponde a cada municipio o prefectura se tiene en cuenta la extensión territorial, población y necesidades básicas insatisfechas.
Los cabildos dependen enormemente del dinero enviado desde el Fisco, según un informe presentado por el propio mandatario Rafael Correa durante el enlace ciudadano 390 del 13 de septiembre del 2014.
Entre el 2000 y el 2013, las transferencias del Fisco representaron en promedio el 73% del total de los ingresos de los gobiernos locales, dijo Correa ante las críticas de varios alcaldes por el cobro de impuestos y el gasto público del Gobierno central. El peso de estos recursos depende del tamaño del municipio.
“Ya es hora de que digan la verdad. Cuestionan demasiado gasto público, pero no dicen que USD 3 000 millones por ley van a los municipios”, indicó Correa en esa ocasión.
Miguel Dávila, administrador general del Municipio de Quito, indicó que en el peor escenario; es decir, que el Estado no reciba recursos por el petróleo, la asignación para el cabildo se reducirá en un 8%.
Para evitar que esto impacte en el plan de inversiones de la capital, dijo que el Cabildo gestionará la recaudación de la cartera vencida por impuestos, tasas, etc., que en el caso de Quito es “bastante alta”.
También continuará con el plan de eficiencia en la gestión que arrancó en junio de este año y que incluye la no contratación de personal administrativo, venta de activos fijos improductivos, etc.
La búsqueda de acuerdos con el sector privado para impulsar obra municipal es otra opción, una vez se expida la Ley de Alianzas Público-Privadas.
Dávila descartó un alza de impuestos en el 2016, aunque sí dijo que se revalorizará el catastro de la ciudad, que sirve de base para calcular el pago del Impuesto Predial.
“Hemos previsto medidas para que en el 2016 las obras que se tenían previsto ejecutar sigan” y eso incluye al proyecto de Metro de Quito, precisó.
El alcalde Jaime Nebot, explicó días atrás que “ahora le va a tocar recibir unos USD 25 millones menos. Esto rebasa la previsión del borrador de la Pro forma presupuestaria municipal para el 2016, que era de USD 12,5 millones menos”. Esa diferencia se compensaría con endeudamiento, indicó.
Para Correa, uno de los grandes desafíos de los municipios es ser menos dependientes del Estado. Pero en municipios rurales, en verdad, esto puede ser una tarea titánica.
Según los datos del Gobierno, los municipios más pequeños, de menos de 100 000 habitantes, son los más dependientes de las asignaciones estatales.
En estas jurisdicciones el 85% de su presupuesto se financia con dinero del Estado.
Según datos del INEC, en el país hay 197 municipios con menos de 100 000 habitantes.
Magali Quezada (Pachakutik), alcaldesa de Nabón, cree que es complicado aumentar los ingresos propios en municipios rurales como el suyo.
En ese GAD, 70% de los ingresos viene del Gobierno. “Nabón es un cantón del Azuay eminentemente agrícola. Su nivel de ingreso es limitado. El Estado debería compensar por entregarles alimentos sanos”.
En este cantón se hará recortes en proyectos de agua potable y saneamiento, canchas, casas comunales y programas de ayuda al adulto mayor y con discapacidad, entre otros. También se reducirá el rubro en mantenimiento vial.
Reducir esta dependencia es complejo también en GAD amazónicos como Morona. “En municipios con gran población puede ser posible revertir la dependencia. Pero en mi cantón el 44% de la población es de la etnia shuar y habita en territorios ancestrales que por disposición constitucional no pagan impuestos”, dijo Roberto Villarreal, alcalde de esta localidad (AP).
Un 40% del total de ingresos de este cabildo proviene del Gobierno. “El presupuesto de Macas es USD 14 millones. Ahora vamos a recibir USD 1,2 millón menos por el ajuste de la asignación del Estado”.