USD 49,7 millones al año cuesta arriendo de 441 inmuebles
El edificio del Ministerio de Finanzas estuvo desocupado hasta el pasado mes de julio. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
El Estado gasta un promedio de USD 4,1 millones cada mes para arrendar espacios destinados al funcionamiento del aparato público.
Este año, el Gobierno tiene previsto gastar USD 49,7 millones para alquilar edificios, locales, residencias y parqueaderos de las instituciones de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial. La cifra consta en el Presupuesto 2018, aprobado por la Asamblea.
El Gobierno anunció desde el año pasado medidas de ajuste de gastos, que incluyen recortes en arriendos. El Fisco destinó hasta julio USD 23,2 millones por este concepto, 5,9 millones menos de lo desembolsado en igual lapso del 2017.
No obstante, a escala nacional, el Gobierno ha otorgado 441 autorizaciones de arrendamientos de espacios a través del Servicio de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar), a pesar de que existe un grupo de edificaciones que están subutilizadas y en otros casos, abandonadas.
De acuerdo con datos de Inmobiliar, el Estado tiene 362 edificios que forman parte de la Función Ejecutiva y de ese grupo, 42 son administrados por Inmobiliar.
La entidad reconoce que de esas 42, ocho edificaciones en el país están desocupadas.
Y del grupo de inmuebles que no pertenecen a Inmobiliar y que están directamente en manos de la Función Ejecutiva, solo en Quito hay nueve que no están ocupadas. Inmobiliar no proporcionó datos a escala nacional de este grupo.
Según la entidad, en algunos casos los edificios están en proceso de acondicionamiento y gestiones administrativas para traslado y ocupación o en proceso de subasta.
En otros casos se desocuparon por daños estructurales o porque las entidades se trasladaron a una de las dos plataformas gubernamentales, ubicadas en Quito, por las que el Estado pagó USD 296 millones por su construcción.
Entre los edificios con daños estructurales está el del Registro Civil de Turubamba, en el sur de Quito. El desolado inmueble, que fue usado hasta el 2013, tiene techos y paredes destrozadas y con grafitis.
Mientras que en las calles León Vivar y Jerónimo Carrión, el edificio de seis pisos, vidrios negros y paredes blancas con pintura desgastada, que fue sede de la Secretaría Nacional del Agua, cumple actualmente el servicio de bodega del Ministerio de Relaciones Exteriores. También registra daños estructurales.
En el grupo de edificios que quedaron desocupados porque se trasladaron a una de las plataformas está el antiguo Ministerio de Finanzas, en la av. 10 de Agosto, donde funcionó la entidad por 44 años.
Durante nueve meses, este inmueble de cinco pisos estuvo vacío, y en julio de este año el lugar volvió a tener uso.
Jorge Wated, director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), dijo que en el edificio hoy laboran unos 300 funcionarios de esta entidad.
Antes de mudarse, la institución alquilaba oficinas en la av. De los Shyris, por las que pagaba unos USD 83 300 mensuales. Si el traslado se hubiera efectuado apenas desalojó Finanzas, el Estado hubiera ahorrado USD 750 000.
En el tiempo que la entidad estuvo desocupada, María Ermelinda, quien desde hace 38 años vende bebidas y alimentos en un quiosco en el exterior del lugar, cuenta que sus ventas se desplomaron. “Sacaba unos 70 dólares al día, pero desde que se fueron las personas de Finanzas había días que vendía apenas USD 7”.
Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, cuenta que el edificio tiene capacidad para 500 personas, por lo que aún queda espacio para 200 funcionarios más. En la planta baja del sitio aún está una parte del archivo de Finanzas, donde laboran dos personas.
En tanto, el edificio del Ministerio de Salud ubicado en la av. República de El Salvador fue desocupado en marzo, porque los funcionarios de esa entidad se trasladaron la Plataforma Social, en el sur. En junio la institución firmó un convenio de uso por un año cediendo el espacio al Consejo de Participación Ciudadana.
Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, el Gobierno debería incluir en el plan de ajuste una agenda de trabajo “para solucionar este problema de eficiencia lo más rápido posible”, pues el deterioro de los bienes implica que el Estado tenga que invertir en mantenimiento y reparación. Solo en Quito, según Inmobiliar, el Fisco gasta USD 175 499,91 al año en mantenimiento por edificios públicos.
