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El contrarrelato de la violencia policial en el referéndum catalán emerge en el juicio

Ante “murallas” humanas, por momentos violentas, los agentes no tuvieron otro remedio que usar la fuerza. Un contrarrelato sobre las imágenes de violencia policial que marcaron el referéndum de independencia en Cataluña de 2017 emergió esta semana en el juicio a los líderes separatistas.

Llamados como testigos en el histórico proceso en el Tribunal Supremo, los responsables de la operación policial del 1 de octubre de 2017 ofrecieron públicamente por primera vez su versión frente a los videos y fotos de represión policial que dieron la vuelta al mundo y generaron críticas de oenegés de derechos humanos.

Un auto judicial ordenaba a la policía regional catalana, los Mossos d'Esquadra, trabajar junto a los cuerpos de seguridad nacionales para impedir la realización del referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Pero la “pasividad absoluta” de la policía regional obligó a actuar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para intentar confiscar el material electoral, generándose choques en una treintena de colegios electorales, según los responsables.

Situación “surrealista” 

“El dispositivo que se estableció desde la jefatura de los Mossos d'Esquadra estaba encaminado a facilitar el desarrollo de la consulta en lugar de impedirlo”, afirmó el martes el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, a cargo de coordinar el dispositivo policial de ese día.

Incluso, en unas “10 u 11” ocasiones, los Mossos “intentaron obstruir físicamente la actuación de nuestras propias fuerzas” , dijo.

En reuniones de seguridad previas, el jefe de la policía regional, el mayor Josep Lluis Trapero, mostró una alineación “total” con el gobierno independentista catalán, que convocó la consulta, lamentó José Antonio Nieto, el ex número dos del Ministerio del Interior español.

“La situación era bastante surrealista”, alegó Nieto, instalado esos días en Cataluña para supervisar las actuaciones. “Estábamos sentados en una mesa para evitar la celebración del referéndum con quienes habían organizado el 1 de octubre”.

Trapero será juzgado en la Audiencia Nacional por presunta rebelión, un cargo que también enfrentan nueve de los doce líderes independentistas procesados en el Supremo español por el referéndum y la posterior declaración frustrada de secesión de Cataluña en octubre de 2017.

La fiscalía reclama contra ellos entre 7 y 25 años de cárcel.

Mientras los independentistas, mayoritarios en el Parlamento regional, afirman que obtuvieron un mandato de los electores para impulsar la autodeterminación, incluido el referéndum, la fiscalía acusa a los líderes separatistas de haberse saltado la ley, alentado movilizaciones para rendir al Estado central.

“La trampa del Fairy” 

El día del referéndum, cuando la policía y guardias civiles llegaron a los colegios electorales, en algunos de ellos se encontraron con “auténticas murallas” humanas, afirmó el martes Enric Millo, entonces delegado del gobierno central en Cataluña.

“Había masas perfectamente conformadas que mediante el ejercicio de la fuerza física trataban de impedir el acceso de las unidades ” , coincidió Pérez de los Cobos. Ante ello, los agentes actuaron con “ un uso exquisito de la proporcionalidad”, dijo.

El mundo vio imágenes de personas ensangrentadas y policías empujando y usando sus porras, pero no las de los efectivos heridos, lamentó Enric Millo, quien constató agentes con “lesiones, dedos rotos y alguna fractura de pierna”.

Algunos policías fueron golpeados con vallas o adoquines, otros cayeron en “la trampa del Fairy” , en referencia a la marca de un detergente líquido rociado en la entrada de centros electorales para hacer caer a los agentes y “les pateaban en la cabeza” , relató Millo.

Las fuerzas terminaron por replegarse al anteponer la seguridad de personas y agentes, que estaban en “grave riesgo”, al “cumplimiento del 100%” del mandato judicial, explicó José Antonio Nieto.

Según el gobierno regional catalán, el saldo de ese día fue de más de mil heridos, aunque solo 7 graves. El gobierno español dio cuenta de casi un centenar de policías heridos, ninguno hospitalizado.

Ante preguntas de las defensas, que intentaron hacer ver inconsistencias en los testimonios de los testigos, Nieto reconoció que “varias decenas” de agentes están siendo investigados.

Si efectivamente los separatistas usaron violencia es clave en el juicio, porque ese controvertido concepto sustenta según el Código Penal español el cargo de rebelión.