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El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró en una plenaria del chavismo, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), que las investigaciones nacionales confirmaron que los ocupantes de la embarcación no pertenecían al Tren de Aragua ni transportaban drogas.
“Se ha cometido un asesinato contra un grupo de ciudadanos. Cuando preguntamos en los pueblos, ninguno es narcotraficante ni llevaba drogas”, manifestó.
El funcionario calificó como “tremenda falsedad” la versión estadounidense y cuestionó la forma en que EE.UU. identificó a los supuestos miembros del Tren de Aragua. “¿Tendrían un chip, un código QR, y lo leyeron desde arriba, en la oscuridad?”, ironizó, refiriéndose al ataque ocurrido el 2 de septiembre en altamar.
La Casa Blanca defendió la operación como un acto dentro de las leyes de un “conflicto armado” contra una “organización designada como terrorista” y en defensa de los intereses de EE.UU. y la “autodefensa colectiva” de otras naciones afectadas por carteles de droga.
La portavoz Karoline Leavitt afirmó que el ataque “envía un mensaje claro a los narcotraficantes del mundo” y que la droga incautada podría haber causado la muerte de miles de estadounidenses.
Amnistía Internacional exigió una investigación sobre el caso, señalando que EE.UU. debe demostrar que la fuerza letal se empleó únicamente cuando fue estrictamente necesaria para proteger vidas.
Daphne Eviatar, directora de Seguridad con Derechos Humanos de AI en EE.UU., advirtió que de no justificarse, el ataque constituiría una violación grave del derecho a la vida y sentaría un “precedente peligroso” sobre el uso de fuerza letal en operaciones internacionales.
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Con información de Efe