Trump vuelve a endurecer los requisitos de residencia permanente para migrantes

La nueva guía de carga pública establecida por la Administración de Donald Trump entra en vigor este viernes, 18 de septiembre de 2026. La medida amplía los criterios que pueden utilizar los funcionarios de migración para determinar si un solicitante de residencia permanente podría depender de ayudas públicas.

Según EFE, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) sostiene que la actualización busca cumplir con la intención del Congreso de que los migrantes sean autosuficientes y no dependan de beneficios financiados por los contribuyentes.

¿Qué inmigrantes están sujetos a la carga pública?

La denominada carga pública puede ser utilizada para negar una visa, la admisión al país o una tarjeta de residencia, conocida como ‘green card’, cuando se considera probable una dependencia futura de determinados beneficios.

La nueva directriz afecta principalmente a solicitantes de residencia por peticiones familiares o laborales. Quedan fuera categorías como asilo, refugio, visas U y T, VAWA y el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial.

¿Qué beneficios y factores evaluará USCIS?

La guía incorpora más tipos de asistencia pública. Entre ellos figuran ayudas económicas, vivienda subsidiada, asistencia alimentaria, estudios y determinados servicios sanitarios.

También podrán considerarse beneficios recibidos por familiares cuando el solicitante sea responsable de su manutención y estos dependan de sus ingresos. Además, los funcionarios evaluarán factores como edad, tamaño del hogar, salud e historial crediticio.

EFE señala que contar con un patrocinador económico tampoco garantiza por sí solo que el solicitante quede fuera de la consideración de carga pública.

¿Cuándo comienza y qué recomiendan los abogados?

La medida se aplica desde el 18 de septiembre de 2026. Las solicitudes presentadas hasta el 17 de septiembre serán evaluadas bajo la normativa de 2022.

EFE recoge recomendaciones de abogados para presentar pruebas de empleo, seguro médico privado, ahorros, inversiones y propiedades. También aconsejan seguir las demandas judiciales contra la nueva guía, incluida una querella presentada esta semana por varias ciudades y condados.

Con información de EFE

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