La líder depuesta y nobel de la paz birmana, Aung San Suu Kyi, apareció este viernes 17 de diciembre del 2021 vestida de presidiaria en uno de los juicios a los que se enfrenta bajo la junta militar en Birmania (Myanmar).
Fuentes cercanas al proceso indicaron que Suu Kyi, depuesta en el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, llevaba una camisa blanca y un longyi o falda birmana marrón, el uniforme de las presas, en un Tribunal especial en la capital, Naipyidó.
Tras su detención durante el golpe, la líder electa estuvo varios meses bajo arresto domiciliario en su residencia oficial en la capital y más tarde fue trasladada a una localización no desvelada, según sus abogados.
No está claro si la exmandataria ha sido trasladada a un centro penitenciario después de la condena de cuatro años de cárcel, reducida después a dos años, que le impuso un Tribunal el pasado 6 de diciembre.
En ese juicio se la declaró culpable de incitación a la rebelión contra la junta militar y vulnerar las normas del covid-19.
Además, Suu Kyi, de 76 años, está acusada de otros cargos variopintos como la importación ilegal de “walkie-talkies“, vulnerar la ley de telecomunicaciones, por la Ley de Secretos Oficiales y corrupción.
El cargo más grave es el de transgredir la Ley de Secretos Oficiales, una norma de la época colonial castigada con hasta 14 años de prisión.
A pesar del hostigamiento judicial acometido por la junta militar, la imagen de Suu Kyi continúa siendo el ícono popular en las manifestaciones en oposición a la junta militar y que reclaman el restablecimiento de la democracia y la liberación de la líder.
Suu Kyi, a quien las autoridades han mantenido prácticamente incomunicada, se encuentra en aparente buen estado de salud.
Más de cuatro meses después de la asonada, la junta militar sigue sin tener el control completo del país a pesar de la brutal violencia utilizada contra la disidencia y que ha causado hasta la fecha al menos 1 345 muertos, según una organización de activistas birmanos.
El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre de 2020, en los que ganó claramente el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.