Una renovada confianza para lograr la paz este año
El 6 de noviembre, en La Habana, Cuba, los representantes del Gobierno colombiano y de las FARC alcanzaron un acuerdo parcial sobre la participación política de los rebeldes.
Una tregua navideña anunciada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los acuerdos en los dos primeros puntos de la agenda de negociaciones entre el Gobierno y ese grupo guerrillero hacen que Colombia mire con ilusión el nuevo año, que podría marcar el fin de un conflicto que ha desangrado al país por cinco décadas.
El proceso de paz fue instalado en octubre del 2012 en Oslo y al mes siguiente, las negociaciones arrancaron en La Habana, con Cuba y Noruega como garantes, y Chile y Venezuela como "acompañantes".
Un año después, las partes han anunciado acuerdos en los puntos del desarrollo agrario integral y la participación en política de los guerrilleros que eventualmente se desmovilicen. Aunque el presidente Juan Manuel Santos pensaba que las negociaciones podrían terminar en noviembre pasado, admitió luego que tenía que ser realista y postergó su ilusión para este año, que podría convertirse en el último de vida guerrillera de las FARC.
Ese grupo, que surgió en 1964 tras la conversión de una guerrilla campesina que simpatizaba con el Partido Liberal en un grupo marxista-leninista, ahora se autodefine como bolivariano y nunca había estado tan cerca de un acuerdo para desmovilizarse.
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Las conversaciones en La Habana arrojaron su primer fruto en mayo, cuando se anunció un acuerdo sobre el desarrollo agrario integral, considerado como vital para el proceso porque el conflicto armado tiene su génesis en la falta de presencia del Estado en el campo.
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, exmiembro del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19), que firmó la paz en 1990, dijo que dicho acuerdo "abre el camino del fin de la guerra". "Las guerras de Colombia han sido por la tierra. Como en el feudalismo, la tierra fue signo de poder, la paz llegará por democratizar la tierra", señaló Petro.
Dado que las partes coinciden en que "nada está acordado hasta que todo esté acordado", los acuerdos no se han conocido de forma completa, pues deben ser sometidos a un mecanismo de refrendación aún no definido.
Mientras las FARC piden que sea mediante una Asamblea Constituyente, el Gobierno defiende un referéndum.
En términos generales, se sabe que el acuerdo agrario dará garantías al pequeño productor y abarca el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo a la producción agropecuaria, la reactivación de la economía en el campo y la situación de los desplazados, entre otros ítems.
En noviembre del 2013 se alcanzó un segundo acuerdo sobre la participación en política, que incluye la elaboración de un estatuto de garantías para los movimientos opositores, en el cual debe estar el que surja del proceso de paz para que las FARC hagan política desde la legalidad.
También se prevé una circunscripción especial transitoria para las elecciones parlamentarias y espacios en los medios de comunicación para los guerrilleros desmovilizados y futuros movimientos políticos opositores.
El problemas de las drogas
Las partes están actualmente enfrascadas en la discusión del tercer tema, referido a la solución al problema de las drogas.
Después de tres décadas de enfrentar una lucha contra bandas de narcotraficantes que han financiado a los grupos armados que protagonizan el conflicto, los colombianos saben que este tema es uno de los más complejos.
Las autoridades han acusado por años a las FARC de estar involucradas en el narcotráfico, al punto de que algunos oficiales de las Fuerzas Armadas las catalogan como un "cartel".
Sin embargo, la guerrilla marxista asegura que su única vinculación se da a través de "impuestos", que cobra en sus zonas de influencia.
Los negociadores cierran el año hablando sobre sustitución de cultivos de hoja de coca, recuperación ambiental de las áreas afectadas, prevención del consumo y solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos, en momentos en que el presidente Santos lidera una postura a favor de mirar alternativas frente a la lucha convencional contra las drogas.
Según una encuesta publicada en diciembre por la firma Datexco, el 39% de los colombianos es optimista de cara a la posible desmovilización de los cerca de 8 000 integrantes de las FARC, mientras que en octubre ese índice llegaba a 21%.
