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Perú evalúa declarar emergencia para combatir a sicarios y extorsionadores

Imagen referencial. El accionar de la delincuencia y las organizaciones criminales se ha incrementado en los últimos meses en Perú. Foto: Pixabay

El Gobierno de Perú evalúa declarar el estado de emergencia en el puerto limeño del Callao y la provincia norteña de Trujillo para combatir el incremento de casos de sicariato y extorsión, informó este miércoles 15 de diciembre del 2021 el ministro del Interior, Avelino Guillén.

“Necesitamos medidas severas e intensas. Está en evaluación la adopción de determinadas medidas que, por ahora, no puedo revelar. Pero sí tengo en claro que hay tal situación de impunidad y violencia que exige una respuesta más firme de parte del Estado”, remarcó Guillén este miércoles 15 en una rueda de prensa.

El funcionario dijo que llevará su planteamiento ante el Consejo de Ministros, ya que en localidades como el Callao, la provincia portuaria anexa a Lima, se reporta un clima “de extrema violencia”.

El accionar de la delincuencia y las organizaciones criminales se ha incrementado en los últimos meses en Perú, al punto que los medios locales informan diariamente de robos, atentados y asesinatos en el país, principalmente en Lima y el Callao.

En ese sentido, Guillén dijo que también se analiza la posibilidad de desplegar a agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional para la vigilancia en el Callao y detectar la procedencia del tráfico ilegal de armas mediante acciones de inteligencia.

“Las bandas cobran cupos, hay guerras con muchas muertes, eso ocurre hace tiempo. Tenemos que parar eso. No puedo detallar más, pero sí puedo decir que en nuestra agenda prioritariamente está el Callao, no solo por la cercanía con Lima, sino por la magnitud de los hechos delictivos que allí ocurren”, reiteró.

El ministro informó que esta semana visitó unos laboratorios donados por la embajada de Estados Unidos para uso de la Policía Nacional en el Callao, así como la central de emergencias de la zona, desde donde se hace una vigilancia electrónica de las zonas más peligrosas del puerto.

A pesar de ello, agregó que aún falta más equipamiento para las labores de seguridad, por lo que se está en proceso de lograr una mayor presencia policial en la provincia.

Guillén adelantó, además, que su sector evalúa proponer que la extorsión sea tipificada penalmente como “terrorismo extorsivo”, para que se pueda aplicar las máximas sanciones a los que cometan este delito.

“Hay que sancionarlos como una modalidad de terrorismo, porque usan la misma modalidad, es decir, amenazan, usan explosivos y matan personas”, sostuvo antes de indicar que los delitos afectan directamente a los ciudadanos, pero también a la economía y estabilidad del país.

El ministro señaló que durante una visita que hizo a la región andina de Huancavelica se le informó que el embate de los extorsionadores ha provocado que varias empresas abandonen las obras que se realizan.

“Piden dinero a las empresas para permitirles trabajar. Hasta van al mismo domicilio de los empresarios para pedirles cupos a cambio de dejarlas trabajar. Entonces, el empresario paga el cupo y deja de pagar impuestos o no hace la obra y se genera desempleo”, dijo.

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