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El Gobierno de Perú envía al Congreso el proyecto de castración química a violadores

El proyecto del Gobierno de Perú propone que un juez solicite anualmente a una junta médica un informe de evaluación física y mental del violador condenado con la finalidad de que el órgano jurisdiccional analice la continuidad de la aplicación de la medida. Foto de archivo. Foto: EFE

El Gobierno de Perú presentó al Congreso un proyecto de ley que modifica el Código Penal para fortalecer la prevención y sanción de delitos contra la libertad sexual e incluye la castración química para violadores, tras la conmoción que causó en el país el secuestro y abuso sexual de una niña de 3 años.

Mediante una carta firmada por el presidente Pedro Castillo y el primer ministro, Aníbal Torres, el Ejecutivo remitió a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, la iniciativa legislativa aprobada el pasado miércoles 20 de abril por el Consejo de Ministros para aplicar la castración química a los violadores. 

En el documento, fechado el 21 de abril y divulgado este domingo 24 de abril de 2022 por la agencia nacional Andina, plantea que un juez imponga como pena accesoria este tratamiento especializado para reducir la libido sexual del condenado luego de que cumpla su condena, pues la medida no alcanza a las personas sentenciadas a cadena perpetua sino a una pena determinada

El proyecto propone que un juez solicite anualmente a una junta médica un informe de evaluación física y mental del condenado con la finalidad de que el órgano jurisdiccional analice la continuidad de la aplicación de la medida. 

Agrega que, en caso de desobediencia o resistencia a la castración química, el sentenciado será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho. 

Para justificar su propuesta, el Gobierno señala que, según el Observatorio del Ministerio Público, las denuncias por violación sexual se multiplicaron con creces en los últimos años en Perú, pasando de 5 378 en 2000 a 23 999 en 2017. 

Además, indica que para enero de 2018 la violación sexual de menores de edad ocupaba el segundo lugar desde un punto de vista penitenciario, solo después del robo agravado. 

“Frente a ello, la respuesta punitiva del Estado no puede limitarse al cumplimiento de penas privativas de la libertad que luego de su cumplimiento no necesariamente impiden la reincidencia de estos graves delitos”, se lee en el texto. 

Por otro lado, sostiene que la propuesta favorece la reducción de reincidencia de delitos dañinos para la sociedad y lo hace dentro de los parámetros del equilibrio constitucional de los derechos porque, pese a restringir algunas facultades sexuales, no suprime la sexualidad. 

Caso de niña de tres años

El Ejecutivo peruano elaboró el proyecto después de la conmoción y rabia que produjo en el país el secuestro y violación de una niña de tres años en Chiclayo, la capital de la región norteña de Lambayeque

La pequeña fue reportada por sus familiares como desaparecida el pasado 12 de abril y un día después la Policía Nacional la encontró y detuvo al presunto culpable del abuso, un hombre 48 años, que fue acusado de la presunta comisión de los delitos de violación sexual y secuestro de una menor de edad. 

La Fiscalía de la Nación dictó luego nueve meses de prisión preventiva contra el detenido y sostuvo que “el imputado recibiría la pena máxima de cadena perpetua”. 

Criticas contra la propuesta

La iniciativa sobre la castración química, que fue aprobada el miércoles pasado por el Consejo de Ministros, ahora deberá seguir su trámite ante las comisiones del Parlamento para luego ser debatida y votada por el pleno del hemiciclo. 

Sin embargo, la propuesta ya ha desatado críticas por parte de varios sectores del país al considerar que esta no es una medida eficiente para solucionar el problema de fondo.

En esa línea, la Defensoría del Pueblo aseguró a través de un comunicado que, como sanción, la castración “ha sido considerada por diversos organismos internacionales como trato o pena cruel, violatoria de la dignidad humana”, lo que llevaría al Perú a “incumplir diversas obligaciones asumidas en los tratados de derechos humanos, generando responsabilidad internacional para el Estado peruano e incrementaría el gasto público”.