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Un caso de torturas y secuestro de una mujer levanta indignación en Bolivia

Imagen referencial. Alexandra (nombre protegido) contó en redes sociales su historia de abuso sexual. Foto: Pixabay

Imagen referencial. Alexandra (nombre protegido) contó en redes sociales su historia de abuso sexual. Foto: Pixabay

Imagen referencial. El agresor retuvo a la mujer por tres días para aplicar las torturas. Foto: Pixabay

Las torturas con descargas eléctricas, violación sexual y secuestro sufridos por una mujer a manos de su pareja y en frente de sus hijos en Bolivia provocaron este jueves 4 de febrero del 2021 la condena de entidades como la Defensoría del Pueblo, que pidió activar un proceso judicial con “diligencia”.

El caso se produjo en La Paz, donde un hombre de 43 años incurrió en delitos de “esclavitud sexual, violación y tortura” contra su pareja, una mujer de 42 años, especifica la Defensoría en un comunicado.

El agresor retuvo a la mujer por tres días para aplicar las torturas con un “arma de electrochoque” delante de sus hijos de 9, 12, 14 y 15 años a los que les indicaba cómo se debe “golpear mujeres”, según un reporte policial difundido por los medios locales.

Una valoración forense estableció al menos dos semanas de impedimento de la víctima tras descubrirse marcas de golpes en su cuerpo y lesiones de gravedad en sus partes íntimas.

El sujeto intentó escapar, pero los agentes policiales lo detuvieron para derivarlo a la Justicia.

Las lesiones muestran “un especial ensañamiento del agresor” hacia la víctima, “generando una grave humillación y afectación a su salud física, psicológica y sexual”, además de causar “un grave daño a la salud psicológica” de los menores que fueron testigos de esas agresiones, señala la valoración de la Defensoría del Pueblo.

Esta entidad “conmina a las autoridades judiciales y a las que están a cargo de la investigación de este caso, realizar los actuados procesales con la celeridad”, indica el comunicado.

Bolivia tiene en vigor desde 2013 una ley que protege a las mujeres de toda forma de violencia y que castiga los feminicidios con 30 años de prisión, la máxima pena en la legislación boliviana.

Los colectivos feministas han reclamado varias veces que la norma no se cumple plenamente por cuestiones como la falta de presupuesto y personal adecuado para llevar estos casos.

El Gobierno boliviano se apresta a modificar esta norma, para lo cual el Ministerio de Justicia recibió más de mil sugerencias de distintos sectores de la sociedad que se estructurarán en un proyecto de ley que pasará a consideración del Parlamento.

El país registró 113 feminicidios en 2020, un número que no dista mucho de los 117 del año anterior, con la coyuntura especial del confinamiento por la pandemia de la covid-19 que obligó a muchas mujeres a convivir las 24 horas del día con sus agresores sin poder denunciarlos.

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