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Muerte de joven marroquí revela métodos controvertidos en reformatorios españoles

Anass Tahiri, de 22 años, tiene una foto de él y su hermano Iliass en su casa en San Roque, cerca de Algeciras, el 19 de junio de 2020. Iliass Tahiri, de 18 años, murió el 1 de julio de 2019 en el centro de detención. Foto: AFP

Anass Tahiri, de 22 años, tiene una foto de él y su hermano Iliass en su casa en San Roque, cerca de Algeciras, el 19 de junio de 2020. Iliass Tahiri, de 18 años, murió el 1 de julio de 2019 en el centro de detención. Foto: AFP

Anass Tahiri, de 22 años, tiene una foto de él y su hermano Iliass en su casa en San Roque, cerca de Algeciras, el 19 de junio de 2020. Iliass Tahiri, de 18 años, murió el 1 de julio de 2019 en el centro de detención. Foto: AFP

La muerte de Iliass Tahiri en 2019 en un centro español de menores se calificó en su momento de “accidental”, pero la difusión de un video de su deceso pone en entredicho esa versión y los protocolos de inmovilización aplicados por los agentes de seguridad.

El joven marroquí falleció con 18 años el 1 de julio de 2019 en el centro de internamiento de Tierras de Oria, en la provincia andaluza de Almería (sureste), pero el pasado enero la justicia archivó el caso como una “muerte accidental”.

Posiblemente hubiera quedado en el olvido si nadie hubiera filtrado al diario El País la grabación de las cámaras de videovigilancia, en plena ola mundial de protestas contra el racismo y la brutalidad policial.

La autenticidad del video fue confirmada por una portavoz de Ginso, la empresa privada que gestiona el centro Tierras de Oria.

En las imágenes se ve al joven bocabajo en una cama inmovilizado por seis agentes, que utilizan un protocolo considerado “peligroso” por organizaciones de derechos humanos.

Con varios agentes encima suyo, Tahiri no muestra una actitud violenta, un requisito básico para aplicar esa práctica de contención mecánica (atar a alguien a una cama para que no se hiera a sí mismo o a terceros) .

“Ves el vídeo y no vas a creer que fue una muerte accidental como dice la jueza”, dijo  su hermano Anass, de 22 años.

“ l vídeo muestra todo, que lo mataron. Es un asesinato”, añadió Tahiri, cuya familia ha recurrido el archivo del caso.

El 18 de junio, la fiscalía de Almería se sumó a la petición, calificando de “ ilegal ” el protocolo aplicado.

El defensor del pueblo español, por su parte, pidió la abolición de estas prácticas en los centros para jóvenes.

‘Prefería la cárcel’ 

En el video se ve a seis personas amordazando a Tahiri en la cama, llegando a arrodillarse sobre él para atarle las muñecas, hasta que descubren que no respira.

El joven había sido internado por “un problema en la calle” y Tierras de Oria era el tercer centro por donde pasaba, explicó su hermano.

La víspera de su muerte, su madre lo visitó por primera vez en dos meses de internamiento. Durante el encuentro, el joven aseguró que estaba siendo amenazado, según Anass Tahiri.

“Le pidió que consiguiera un abogado para sacarlo de allí, porque llegó un punto en que prefería la cárcel que el centro”.

En un comunicado enviado, la empresa Ginso dijo que durante la investigación judicial “quedó patente la necesidad y correcta aplicación de las medidas de contención por parte de los empleados, quienes cumplieron de manera escrupulosa con el protocolo y procedimientos vigentes en su momento”.

Ginso añadió que el uso de esta técnica fue “excepcional” y se aplicó con “la mínima fuerza imprescindible”.

Sin embargo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) replicó que esta práctica es una “ medida habitual ” en los centros de menores para impartir disciplina o castigos.

“En el vídeo se ve que era un uso de la fuerza totalmente desmedido dada la actitud de Iliass”, dijo Francisco Fernández Caparrós, de la APHDA.

“Esa situación de estrés y violencia fue la que causó que él muriera”, añadió.

En España, otros dos jóvenes murieron a causa de esta práctica en los últimos años: uno en Madrid en 2011, y otro en el enclave de Melilla en 2018.

Acabar con estos métodos

El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, pidió al gobierno cambiar la ley “ para acabar con estas prácticas como medio de contención”.

“No puede volver a morir nadie en España en estas circunstancias ” , dijo.

La fiscalía también ordenó suspender “inmediatamente” estas prácticas en los centros gestionados por la empresa Ginso.

Este protocolo “coloca al menor en una situación de riesgo mayor que no está justificado”, dice la fiscalía, que señala como responsables a los gestores del centro y las autoridades regionales.

El departamento regional de Justicia de Andalucía prefirió no comentar el escrito de la fiscalía.

“Es un caso delicado con un chico fallecido. Fue una desgracia y estamos esperando que la justicia lo resuelva”, indicó una portavoz.

Maribel Mora, diputada de izquierdas en el parlamento andaluz, critica que el gobierno regional no abriera una investigación sobre la muerte ni revisara los protocolos de actuación que habían sido denunciados en 2016 por un comité de prevención de la tortura.

Desde entonces, “no ha pasado absolutamente nada”, dijo Mora.

De hecho, según los datos oficiales, ese método de contención sería utilizado todavía en 360 ocasiones en los reformatorios andaluces en los dos años siguientes.

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