Funcionarios de Maduro sepultan a militar, muerto bajo arresto, en ataúd sellado y en lugar alejado de la familia

Detalle del lugar donde fue enterrado Rafael Acosta Arevalo, este miércoles en Caracas (Venezuela).

Detalle del lugar donde fue enterrado Rafael Acosta Arevalo, este miércoles en Caracas (Venezuela).

Detalle del lugar donde fue enterrado Rafael Acosta Arevalo, este miércoles 10 de julio de 2019 en Caracas (Venezuela). Foto: EFE

Rafael Acosta, el militar venezolano muerto por torturas cuando estaba encarcelado por las fuerzas de Nicolás Maduro, fue sepultado este miércoles 10 de julio del 2019 en un cementerio designado por un Tribunal y bajo custodia de autoridades. Así lo informó el abogado de la familia, que denunció el procedimiento como una arbitrariedad.

El cuerpo de Acosta fue trasladado desde la morgue de Caracas para una “inhumación controlada”, dijo el abogado Alonso Medina, y aseguró que el procedimiento lo ordenó una jueza, contra el deseo de la familia del capitán de la Armada de enterrarlo en la ciudad de Maracay (norte).

Participaron “cuatro, cinco familiares, y el resto eran puros funcionarios” de organismos como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, añadió Medina. El jurista y la esposa del oficial, Waleswka Pérez, aseguraron que fue un “procedimiento ilegal”.

La viuda de Acosta difundió un video en Twitter, en donde dijo: "denuncio el procedimiento ilegal que está haciendo la morgue de Bello Montes, donde va a ser la entrega controlada del cuerpo de mi esposo así como lo hicieron con Óscar Pérez. Yo no he solicitado ningún servicio fúnebre de esa empresa", aseguró la mujer que ha reclamado por el reconocimiento del cadáver del militar.

El abogado Medina también comparó el caso con el del policía rebelde Óscar Pérez, sepultado el 22 de enero de 2018 sin consentimiento de sus parientes, tras ser abatido en una operación de organismos de seguridad.

Rafael Acosta, de 50 años, falleció el pasado 29 de junio en un hospital de Caracas, ocho días después de ser detenido acusado de participar en un supuesto plan para derrocar y asesinar a Nicolás Maduro.

Fue internado tras sufrir un colapso en el Tribunal, en donde había sido llevado horas antes desde los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). En ese lugar permanecía preso.

Según activistas de derechos humanos, ese día presentaba “graves signos de tortura” y estaba en silla de ruedas. Dos militares fueron acusados por la muerte del oficial y permanecen bajo arresto.

Según Medina, este miércoles se hizo un “reconocimiento del cadáver” antes del traslado al cementerio. “Lo que refleja el acta de defunción es politraumatismo generalizado con objeto contundente (...), lo molieron a palos”, aseveró el abogado.

La muerte del militar fue condenada por varios gobiernos, mientras la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se dijo conmocionada de que la misma hubiera podido ser resultado de torturas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que la policía impidió que los medios cubrieran el entierro, llegando a intimidar con armas a los periodistas.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 614 “presos políticos”, de los cuales 107 son militares, aunque el gobierno rechaza considerarlos como tal.

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