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Envían a juicio a tres empresarios y a un abogado por caso Odebrecht en Guatemala

La jueza guatemalteca Éricka Aifán envió hoy, jueves 18 de octubre del 2018, a juicio a tres empresarios y un abogado por estar vinculados al caso Odebrecht en el país. Lo hizo tras encontrar elementos suficientes para considerar su probable participación en la trama de sobornos de la empresa brasileña.

Presuntamente los empresarios están vinculados con los sobornos que la constructora pagó al Gobierno del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), específicamente al prófugo exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi para la adjudicación de contratos en la construcción de la carretera CA2-Occidente.

Los empresarios Jorge Eduardo Antillón Klussmann, Diego Chacón Yurrita y Juan Ignacio Florido son los implicados que deberán enfrentar el debate oral y público, junto al abogado del exministro, Juan Molina Coronado.

Antillón deberá responder por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero; Chacón por los mismos tipos penales además de falsedad ideológica, y Florido por lavado de dinero.

Por su parte, Molina está sindicado de asociación ilícita y lavado de dinero.

Al considerar que existe “peligro de fuga”, Aifán determinó que los procesados permanezcan en prisión provisional, desoyendo la solicitud de arresto domiciliar que hicieron los empresarios y el abogado.

La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) aseguran que Sinibaldi lideraba una estructura criminal que “gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar desembolsos a las entidades contratistas” del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

La trama, bautizada como “Construcción y Corrupción”, asegura que los cobros de Sinibaldi consistían en porcentajes que oscilaban desde el 5 al 15 por ciento de los contratos y que una de las empresas participantes era la brasileña Odebrecht.

Según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en unos 12 países, entre ellos a Guatemala, donde dio 17,9 millones de dólares a funcionarios entre los años 2013 y 2015.

La jueza Aifán fijó para el 19 de noviembre la audiencia para la presentación de pruebas.