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El presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y varios funcionarios fueron denunciados penalmente este miércoles 20 de agosto por presunta corrupción en contratos de provisión de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La denuncia la presentó el abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Fernández en algunos de sus procesos judiciales. Dalbón acusó la existencia de un esquema de cobro y pago de sobornos relacionados con la compra y provisión de medicamentos.
Señaló que estos hechos afectaron fondos públicos y encuadran en delitos como cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública.
La acción judicial no solo involucra a los hermanos Milei. También alcanza al asesor presidencial Eduardo ‘Lule’ Menem, primo del titular de la Cámara de Diputados Martín Menem; al titular de Andis y exabogado de Milei, Diego Spagnuolo; y a Eduardo Kovalivker, dueño de la empresa Suizo Argentina S.A., dedicada a la comercialización de medicamentos.
Horas antes de la denuncia circularon audios en medios locales en los que una voz, atribuida a Spagnuolo, describe un esquema de recaudación de sobornos ligado a Suizo Argentina S.A.
En uno de los audios, la voz afirma que la red funcionaba con conocimiento del presidente: “Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita”.
En otro fragmento, el supuesto Spagnuolo relata que advirtió a Milei sobre el esquema y en una tercera grabación asegura que la operación estaba bajo control de una empresaria vinculada a la familia Menem, quien recibiría medio millón de dólares mensuales en medicamentos.
Las grabaciones identifican como presuntos responsables de la red de corrupción a Karina Milei y a Eduardo ‘Lule‘ Menem. Según los audios, ambos operaban como los principales articuladores del sistema de retornos.
La denuncia sostiene que Suizo Argentina S.A. actuaba como canal para desviar fondos públicos mediante sobreprecios y porcentajes exigidos a proveedores.
Dalbón pidió allanamientos en las sedes de Andis, la Secretaría General de la Presidencia y Suizo Argentina.
Además, solicitó que la Unidad de Información Financiera (UIF) investigue los movimientos económicos de la empresa y que la Inspección General de Justicia (IGJ) entregue datos societarios.
Paralelamente, diputados opositores exigieron a Karina Milei y a Diego Spagnuolo explicaciones sobre el caso.
Los pedidos surgieron en una sesión del Congreso convocada para tratar la declaración de emergencia en materia de discapacidad.
Esa medida buscaba aumentar fondos para el sector, pero el presidente Milei la vetó a comienzos de mes.
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