Expertos electorales de OEA se suman como asesores al diálogo en Nicaragua
Un joven con una bandera de Nicaragua participa en una concentración para pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega en un centro comercial, en Managua (Nicaragua). Foto: Jorge Torres / EFE
Dos asesores en temas electorales de la OEA se incorporaron este lunes a la mesa de negociación entre el Gobierno de Daniel Ortega y una alianza opositora con la que buscan superar la crisis que estalló hace casi un año en Nicaragua.
Tania Pschepiurca y Cristóbal Fernández, expertos en temas electorales, asesorarán al exguerrillero tupamaro y exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quien participa como testigo y acompañante del proceso en representación de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), informaron fuentes de las conversaciones.
El miércoles pasado, los negociadores del Gobierno y de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron, entre otros puntos, discutir "a lo inmediato" una reforma al sistema electoral.
La Administración de Daniel Ortega invitó a la Secretaría General de la OEA a participar en la mesa de negociaciones, que comenzó el 27 de febrero pasado, y el viernes pasado aceptó incorporarse como testigo y acompañante.
El Gobierno hizo esa invitación después de que exhortara a la comunidad internacional a suspender toda sanción contra el Estado nicarag ense en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en abril pasado y que ha dejado cientos de muertos, de detenidos y miles en el exilio.
También la hizo un día después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua declinará participar como testigo y acompañante en la mesa de negociaciones.
Además, luego de que la Alianza Cívica anunciara que reconsideraría su participación en ese foro hasta que el Ejecutivo diera "señales de voluntad política" para continuar con las negociaciones.
El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
Durante la sesión de este lunes, las partes también comenzaron a discutir sobre los temas de fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas.
El jefe negociador de la opositora Alianza Cívica, Carlos T nnermann, dijo a periodistas que el objetivo sobre ese tema es que el presidente Ortega revoque la orden policial de no permitir protestas en su contra.
El Gobierno, por su parte, no ha informado lo que espera a cambio de permitir el derecho a la libertad de movilización, reunión, manifestación y prensa.
Además, la mesa de negociación sigue a la espera de que la Cruz Roja Internacional se incorpore para apoyar el tema de la liberación de los "presos políticos".
Las partes acordaron el viernes pasado conciliar las distintas listas de "presos políticos" antes de proceder a su liberación definitiva.
Durante la jornada, la vicepresidente nicaragüense, Rosario Murillo, agradeció al papa Francisco sus oraciones por encontrar una solución pacífica a la crisis "por el bien de todos".
El pontífice aludió a la situación en Nicaragua tras el rezo del Ángelus dominical, cuando recordó ante los fieles que desde el 27 de febrero se dan en este país centroamericano "importantes negociaciones para resolver la grave crisis socio-política".
Desde la ventana del Palacio Apostólico, aseguró que acompaña con la oración esa iniciativa y animó a las partes "a encontrar en la mayor brevedad una solución pacífica por el bien de todos".
El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, también actúa como testigo y acompañante del proceso.
Nicaragua está inmersa en una crisis como consecuencia de las protestas callejeras que estallaron el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma del seguro social.
En las manifestaciones se exige la renuncia de Ortega tras casi doce años en el poder de forma consecutiva.
Esta situación ha causado 325 muertos y cientos de presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 561 las víctimas mortales, además de actos violentos y ataques también a los obispos del país.
El Ejecutivo de Daniel Ortega solo reconoce 199 víctimas mortales y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
