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Los problemas para acceder a una vivienda se convierten en una de las principales preocupaciones de los españoles. Así lo muestran los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que confirman cómo los precios en venta alcanzan máximos históricos y los alquileres resultan inasumibles para miles de familias en las grandes ciudades.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez declaró que el país vive una “emergencia habitacional”, pero el Instituto Nacional de Estadística calcula que existen 3,8 millones de viviendas vacías, un 14,4% del total, muchas de ellas cerradas desde hace años, según informó BBC.
El contraste entre demanda creciente y oferta limitada se agudizó en 2025, cuando el precio de la vivienda subió más del 12% en el segundo trimestre. Esta situación retrasa la emancipación de los jóvenes, que en promedio dejan el hogar paterno a los 30 años, frente a los 26,2 de la media europea. El fenómeno ha generado protestas sociales contra la especulación y los alquileres turísticos.
En ese contexto, las viviendas vacías despiertan interrogantes. Pablo Pérez, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, afirmó a BBC Mundo que, mientras muchas familias luchan por un hogar digno, millones de casas siguen cerradas sin aprovecharse.
El Gobierno de España aprobó en 2023 una Ley de Vivienda que prevé sanciones fiscales para los inmuebles desocupados, pero varias comunidades autónomas no aplican la norma.
Según expertos como María Matos, de Fotocasa Research, la mayoría de estas viviendas se ubican en zonas rurales despobladas, lejos de donde la presión inmobiliaria es mayor. Además, muchas no son habitables o pertenecen a herencias en disputa, lo que frena su uso.
A esto se suma la actuación de fondos de inversión y bancos, que acumulan propiedades, así como la inseguridad jurídica frente a inquilinos morosos, lo que refuerza la resistencia de los propietarios a alquilar.
BBC recoge testimonios de dueños que denuncian impagos prolongados y dificultades judiciales para recuperar sus viviendas.
Según asociaciones de propietarios, las medidas excepcionales aprobadas durante la pandemia, que suspendieron los desalojos de inquilinos vulnerables, derivaron en abusos que desalientan la oferta en alquiler. Sin embargo, sindicatos de inquilinos insisten en que la vivienda es un derecho básico y que el Estado debe garantizarlo. Entre tanto, expertos advierten que si no se logra reactivar el uso de las viviendas vacías, la crisis habitacional seguirá profundizándose en España.
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