Alfredo Astorga, viceministro; Milton Luna, ministro; Francisco Cevallos, viceministro, y José Brito, subsecretario. Foto: Valeria Heredia / EL COMERCIO
El ministro de Educación, Milton Luna, explicó ayer, 31 de enero del 2019, los alcances del anuncio realizado la víspera por el presidente Lenín Moreno, respecto de los ajustes en el sector. El Primer Mandatario se refirió a la reapertura de las escuelas rurales, la reducción de la carga administrativa docente y la enseñanza de valores en el aula.
En el 2012 había un total de 17 000 planteles educativos a escala nacional. En el gobierno del expresidente Rafael Correa se cerraron 7 000. La mayoría de ellos -dijo- estaban ubicados en la zona rural.
“En el momento que se cierra la escuela se pierde la comunidad y a eso se conoce como etnocidio. Por eso, este Ministerio, recogiendo el mandato, decidió reabrirlas”.
Tras insistirle por precisiones, el Ministro primero afirmó que había recibido mil pedidos para reabrir escuelas rurales. Luego explicó que hasta finales de este año se reabrirían 1 000 centros de este tipo, con un presupuesto de USD 70 millones. En el 2020 -dijo-, serían otras 1 000.
No contestó cuántos profesores y cuántos alumnos tendrían esos planteles. En repetidas ocasiones habló sobre el perjuicio causado a las comunidades por el cierre de centros, para abrir escuelas educativas del milenio.
Lo que sí comentó fue que el proceso de reapertura incluirá la realización de una investigación para conocer la realidad de la zona. De ahí saldrá el número de estudiantes, de docentes y las condiciones de infraestructura de los planteles. Esto tomaría un mes.
Luego de varias preguntas de la prensa, señaló que la próxima semana se realizaría la “reapertura simbólica” de un plantel en la Sierra Centro. En una entrevista anterior con este Diario dijo que sería en Chimborazo.
Pese a que será algo simbólico, Luna aclaró que el centro sí se reabrirá para los niños.
Consultado sobre este tema, Jaime Gayas, subsecretario del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, respondió que “solo desde la zona de Chunchi han pedido insistentemente a esta Secretaría la reapertura de los circuitos cerrados; no han llegado otros pedidos de las comunidades”.
Desde este ciclo 2018-2019 opera esa Secretaría, aspiración de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que se concretó el 6 de julio pasado con el Decreto Ejecutivo 445.
Para reabrir un centro, explicó Gayas, los requisitos son: una necesidad sentida de las comunidades, al menos 15 niños, un estudio sobre el estado de tenencia del predio, que la distancia entre el poblado y la escuela sea mayor a 2,5 km, disponibilidad de recurso docente con cargo, así como de textos y alimentación, mobiliario, mantenimiento.
Cuando se le preguntó qué conoce sobre los 1 000 centros que se abrirían en este año, como señaló el ministro Luna, dijo que quizá los pedidos de reapertura los hayan realizado directamente a esa Cartera de Estado, ya que ellos aún no tienen recursos propios.
En el momento -señaló- asisten 151 459 alumnos a 1 642 centros comunitarios en todos los niveles y modalidades. Hay 9 126 profesores.
Gayas también dijo que de un total de 2 169 centros educativos comunitarios se cerraron 517 y se han reabierto cuatro en el país.
Con estas medidas, la idea será devolver las dinámicas comunitarias a las localidades alejadas de las grandes ciudades. Además, se fortalecerá el trabajo en clase, ya que los maestros podrán estar más tiempo en el aula. “Vamos a recuperar la presencia del profesor en clases”.
Sobre la carga docente, Luna explicó que es necesario que los trámites administrativos de los maestros disminuyan. Hoy, el 50% de sus actividades no son pedagógicas, por lo que se prevé emitir un acuerdo para normar esta situación.
Un profesor de emprendimiento, por ejemplo, tiene 15 cursos y 600 estudiantes. Realiza 65 operaciones administrativas; una de ellas es el registro semanal de estudiantes, en donde tiene que subir 16 000 datos. “Es absurdo e inhumano”, sostuvo Luna.
Pese a ello, aún no se detallaron la fecha ni los trámites que se reducirán en los planteles.
A Nelly Miño, subcoordinadora nacional de la Red de Maestros, le gustaría conocer cómo será esa reducción.
“No tenemos un conocimiento exacto de lo que se eliminará”. Pero dijo que quisieran saber si deberán seguir a cargo de elaborar planes a nivel de plan curricular anual, microplanificación curricular, elaboración de documentos individualizados de adaptaciones curriculares. Esto debería asumir el Departamento de Consejería Estudiantil.
En el conversatorio, realizado en las instalaciones del Ministerio, se habló además de los cambios en el currículo para fortalecer valores.
José Brito, subsecretario de Fundamento Educativo, sostuvo que “la mejor reforma curricular es que no haya ninguna en este momento”. Insistió en que al quitarle la carga al docente, tendrá que volver al aula. “Habrá una fuerte reducción de contenidos, de carga más significativa para el aprendizaje”. Empezará en la Costa.