Militares en servicio pasivo, procesados por torturas a hombre detenido de forma ilegal en Sucumbíos
Tres militares en servicio pasivo son investigados por los maltratos y torturas a un hombre en 1995. Foto: Referencial Fiscalía
La Fiscalía Especializada en Derechos Humanos 5 formuló cargos contra tres militares en servicio pasivo (SP). Son procesados por los delitos de privación arbitraria e ilegal de la libertad y tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos (D.D.H.H). La víctima fue un ciudadano en 1995.
A los militares (SP) Luis Alejandro C. C., José Félix M. M. y Edy Patricio F. se les impuso prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Ellos hicieron parte del Departamento de Inteligencia Napo, perteneciente a la Brigada de Selva 19 Napo.
La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en la Unidad Judicial Penal Multicompetente de Orellana. El Fiscal del caso presentó más de treinta elementos de convicción para sustentar el inicio de la instrucción fiscal que durará noventa días.
Los hechos
Después de que allanaron su domicilio –sin orden judicial– y de recibir golpes, el ciudadano Máximo L. fue detenido de forma arbitraria y privado de su libertad el 30 de junio de 1995 en Shushufindi. La aprehensión estuvo a cargo de miembros del Departamento de Inteligencia Napo, de la Brigada Militar del cantón Francisco de Orellana.
Al ver que se lo llevaban por la fuerza, vecinos de Máximo y policías que patrullaban el sector en ese momento persiguieron al vehículo de uso militar y exigieron que lo trasladen hasta el cuartel de Policía de Shushufindi.
Pero militares de la brigada Selva #19 de El Coca que llegaron a bordo de un helicóptero, acallaron a la gente y, apuntándoles con sus armas, los desalojaron de los patios de la Policía. Entonces, se llevaron a Máximo L. hacia las instalaciones de la Brigada Militar.
El comisario y su secretaria acudieron al lugar para garantizar el bienestar del detenido. Sin embargo, la víctima fue incomunicada, maniatada (con las manos hacia atrás), pateada incontables veces en el estómago y asfixiada con agua.
En su versión, Máximo dijo que los militares buscaban que se inculpe como asaltante de un tanquero. Primero se negó, pero sucumbió ante la tortura. Declaró que compraba pocas cantidades de combustible a los tanqueros y también “escribí lo que ellos pidieron, incluso dar nombres de personas implicadas que jamás han tenido ningún negocio conmigo”.
También fue acusado de ser espía peruano y lo amedrentaron con aplicarle lo que llamaban 'ley de fuga'. Días después de estos hechos, uno de los torturadores lo subió en un vehículo hacia la Policía de El Coca, para que rinda declaración ante un fiscal. Máximo L. permaneció en poder de los militares, desde el 30 de junio al 2 de julio de 1995.
Información jurídica
Fiscalía tipificó los hechos como un crimen señalado por el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como privación ilegal y arbitraria de la libertad y torturas, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Se lo considera como una grave violación a los derechos humanos, bajo la tipificación establecida en los artículos 160 (privación ilegal de la libertad) y 151 (tortura) del Código Orgánico Integral Penal.
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