El ministro Richard Martínez compareció durante tres horas en la Asamblea. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Al ministro de Finanzas, Richard Martínez, le tomó casi tres horas responder inquietudes sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue concretado en febrero de 2019.
Ayer, en la sesión convocada por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, Martínez detalló ocho metas de reducción de gastos y de incremento de ingresos, que el país tendrá que cumplir como parte del programa económico con el multilateral.
Según Martínez, el Gobierno estima ajustar el gasto en unos USD 4 400 millones hasta el 2021 en relación al 2018. Por otra parte, se proyecta recibir mayores ingresos por USD 2 500 millones.
Para alcanzar la meta de bajar los gastos, el Fisco se enfocará en cuatro egresos: salarios, gastos de inversión, subsidios y egresos destinados al mantenimiento del Estado como arriendo, seguridad, etc. (ver gráfico).
El Ministro informó que este año se va recortar la masa salarial en alrededor de USD 500 millones. Según Martínez, el 70% de ese monto ya estaba contemplado antes de firmar el acuerdo con el Fondo.
A pesar de que varios asambleístas del ala correísta, como Mauricio Proaño, consultaron a Martínez sobre el número de funcionarios que serán desvinculados, el titular de Finanzas no precisó una cifra.
El Ministro señaló de forma general que el ajuste se dará en varios frentes, como terminación de contratos ocasionales, jubilaciones, optimización de personal, entre otras medidas.
Hasta el 2021, la meta del Gobierno es reducir en USD 1 000 millones el gasto salarial.
Para el asambleísta César Rohón, del partido Madera de Guerrero, es necesario que el Gobierno reduzca el alto gasto en salarios mediante la homologación de sueldos en el sector público, y no con recortes de personal.
El plan contempla la reducción en gastos de subsidios en el 2019 y 2020. Pero el ajuste se explica porque se espera un menor precio del barril de petróleo, precisó el Ministro.
Martínez había señalado anteriormente que se analiza focalizar la subvención al gas centralizado y para termoeléctricas; no obstante, ayer dijo que entre 2019 y 2020 el Gobierno no realizará nuevos ajustes a los precios de ningún combustible.
Para el 2021 se contempla un plan de focalización de subsidios para bajar este gasto en USD 500 millones.
Una de las inquietudes más repetidas entre los legisladores fue conocer qué exenciones tributarias son las que el Gobierno planea eliminar y si se propondrá un incremento en el IVA.
El Fisco prevé recaudar unos USD 1 400 millones más en tributos con relación al 2018.
Martínez comentó que está previsto que el Ejecutivo envíe en octubre una propuesta de reforma tributaria que permita mayor eficiencia en la recaudación. Adelantó que se van a analizar las exenciones tributarias no justificadas, los regímenes especiales y las preferencias que benefician “a los segmentos más ricos”.
Solo precisó que se va a eliminar gradualmente el impuesto a la salida de divisas.
Pabel Muñoz, de Revolución Ciudadana, señaló que teme que la reforma tributaria proponga eliminar exenciones como las que permiten a los ciudadanos deducir sus gastos de salud y educación.
En tanto, en el plan se contempla incrementar los gastos en subvenciones sociales como el Bono de Desarrollo Humano, Bono Mis Mejores Años, entre otros, por USD 400 millones en el 2019.
Con estas metas fiscales, el Gobierno espera que hasta el 2021 el Fisco obtenga un superávit del sector público del 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, contar con suficientes ingresos para cubrir los gastos e incluso más.
Además, se proyecta una reducción anual del nivel de endeudamiento hasta llegar en el 2022 al techo permitido por ley, que es del 40% del PIB.
El Gobierno también busca darle autonomía al Banco Central. En junio se presentará enmiendas al Código de Planificación y Finanzas y enmiendas al marco legal del Central.
El presidente Lenín Moreno, en tanto, llamó ayer a los empresarios a cumplir su parte del acuerdo y traer los capitales del exterior.