Helen Bicknell, de 40 años, es una de las madres de Satya. Acudió a la Defensoría del Pueblo el miércoles 30 de mayo del 2018. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Las madres de Satya, Nicola Rothon y Helen Bicknell, esperan la notificación oficial de la sentencia de la Corte Constitucional. El martes 29 de mayo del 2018, el ente aceptó la acción extraordinaria de protección 1692- 12-EP.
A través de ella, la Corte ordenó que el Registro Civil inscribiera a la niña, de 7 años, como ciudadana ecuatoriana y con el apellido de sus dos mamás.
Además, dispuso investigar, determinar responsabilidades y sancionar a operadores de justicia y a la administración pública en la medida en que hubieren ocasionado la vulneración de derechos constitucionales.
El Registro Civil debe ofrecer disculpas públicas y publicar la sentencia, además de capacitar a sus servidores.
También, se ordenó que el Legislativo regule los procedimientos de reproducción asistida, debido a que Satya nació en diciembre del 2011 y desde esa fecha sus madres buscaron inscribirla. No han podido en siete años, pese a que la Constitución reconoce a las familias diversas. Satya y su hermano Arundel nacieron con procedimientos de reproducción asistida.
Carla Patiño es la abogada que integró el equipo de la Defensoría del Pueblo que presentó el caso ante la Corte Constitucional en 2012. Aún sigue de cerca el pedido de Nicky y Helen.
El primer paso -explicó- es esperar que llegue la notificación de la sentencia dictada por la Corte. Espera que eso ocurra la próxima semana.
Consultada sobre si alguna agrupación podría solicitar un cambio en la sentencia, respondió que ya no cabe ningún recurso. Reiteró que ese fue el último. “Se pueden pedir aclaratorias pero eso nunca modificaría el fondo o el sentido de la sentencia”.
Por ejemplo -señaló Patiño- alguien podría pedir una aclaración sobre un punto que considere no quedó tan claro en la sentencia, en términos de tiempo de acciones a desarrollar. Pero la abogada evitó referirse a un documento que aún no es oficial.
