En el km 65 se instalaron dos lavadoras de carros. Estas se abastecen de la cascada del Napa. Foto: Juan Carlos Pérez para EL COMERCIO
De las 25 cascadas que hay en la vía Alóag – Santo Domingo, 10 abastecen de agua a cinco poblados, granjas y 13 lavadoras informales de autos, ubicadas en el tramo entre Tandapi y Unión del Toachi.
Las 10 vertientes empezaron a ser aprovechadas hace 40 años, por los primeros colonos que llegaron de Cotopaxi.
Pero solo hasta hace 10 años los pobladores hicieron instalaciones en las partes altas, con paneles y tubos PVC. Se conectan a mangueras de hasta 100 metros de largo y el líquido es expulsado por la presión natural de la vertiente.
Al ser una obra improvisada no cuenta con tanques para almacenar el agua, bombas de succión ni llaves de paso. Por eso las mangueras siempre están abiertas y el agua se desperdicia constantemente.
Esa práctica ha sido sancionada en tres ocasiones desde hace ocho años por la Secretaría Nacional del Agua y el Ministerio del Ambiente.
Según la última medición de Senagua, del 2017, cada cascada genera 86,4 metros cúbicos de agua al día, lo que equivale a 7,2 tanqueros llenos.
De esa cantidad, la población de cada zona consume 36 metros cúbicos, aproximadamente. El 70% es ocupado por las lavadoras, que atienden entre 4 y 10 carros por día. El resto es para las casas y tres granjas.
Jacqueline Toaquiza, propietaria de dos lavadoras en el sector Cascada del Napa, señaló que el agua que sale de las mangueras no se desperdicia, porque va directamente a los ríos Pilatón y Toachi. “Solo se desvía a través de la manguera y lo que no se ocupa regresa nuevamente a los ríos”.
Pero según un muestreo que hizo el Ministerio del Ambiente en el 2013, el dato más actualizado, en las microcuencas se encontraron detergentes, contaminación por grasa, químicos y coliformes fecales de animales y humanos.
Esa contaminación se da porque los poblados no cuentan con un sistema de alcantarillado en las viviendas, granjas ni lavadoras.
Por eso, las aguas residuales llegan directamente a los afluentes, afirmó el presidente de la Junta Parroquial de Tandapi, Patricio Ruiz. Señaló que el Ministerio del Ambiente ha sancionado con multas a las lavadoras y las ha clausurado. Pero cambian de dueño y vuelven a abrir con la excusa de que los permisos están en el proceso de trámite.
Según el Municipio de Mejía, ninguna lavadora de ese sector cuenta con patentes o permisos de uso de suelo.
Ruiz aseguró que en una reunión sobre el tema, los técnicos de Ambiente explicaron a los propietarios que para obtener los permisos deberán reubicarse al menos a 100 metros a la redonda de los ríos.
Además, deben construir un pozo séptico, una trampa de grasa, un plan de riesgos y uno ambiental y un nuevo sistema de abastecimiento de agua.
Toaquiza, quien es el representante de ese gremio, manifestó que están conscientes del daño ambiental, pero afirmó que los cinco recintos asentados en la carretera no tienen acceso a agua potable, alcantarillado sanitario ni fuentes de empleo. “Nosotros tuvimos que hacer nuestra propia obra, porque las autoridades no lo hicieron”.
Según Ruiz, el próximo año se dotará de una planta de agua y alcantarillado a las poblaciones de La Esperie, Pampas Argentinas y La Esperanza. Cada proyecto cuesta aproximadamente USD 500 000 y serán financiados por la Celec -EP, como compensación por el proyecto Toachi – Pilatón.
Además, la Prefectura y el Municipio de Mejía plantarán unos 10 000 árboles para mitigar la contaminación del río.
Para Pablo Ortiz, trabajador de una de las lavadoras, una de las mayores preocupaciones del gremio es que por el nuevo trazado vial para la ampliación a cuatro carriles de ese sector no quede espacio para que las lavadoras sigan funcionando.
Ruiz indicó que según la información de los técnicos de la Prefectura, lo más probable es que la mayoría de las lavadoras dejen de funcionar definitivamente.
Por eso, los propietarios y moradores elaboran una propuesta a la Prefectura de Pichincha y al Municipio de Mejía. Consiste en un proyecto turístico, donde se vendan platos típicos, artesanías, frutas, entre otros. Además, pedirán una indemnización por las expropiaciones. “Con ese dinero pondremos un nuevo negocio”, dijo Toaquiza.
La Prefectura informó que se hace un catastro para determinar el monto que le correspondería cada predio.