29 de octubre de 2018 15:04

Jueza niega acción de protección de Assange por improcedente

La Jueza de la Unidad Civil de Pichincha negó este lunes 29 de octubre del 2018, la acción de protección solicitada por los abogados de Julian Assange en contra del Estado Ecuatoriano. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

Julian Assange asistió, vía teleconferencia, a la audiencia que se realizó en la Unidad Civil de Pichincha este 29 de octubre del 2018. Después de la diligencia, en la que los abogados defensores de Assange solicitaban una acción de protección para el activista, la jueza negó la petición en contra del Estado Ecuatoriano. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

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Andrés García
y Elcomercio.com

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La Jueza de la Unidad Civil de Pichincha, Karina Martíneznegó la acción de protección que solicitó la defensa de Julian Assange en contra del Estado Ecuatoriano, en la audiencia que se desarrolló este lunes 29 de octubre del 2018, en el Complejo Judicial en el norte de Quito. El protocolo de visitas y comportamiento del activista en la Embajada de Ecuador en Londres se regulará con un reglamento.

La demanda de Assange buscaba que no se aplicara el instructivo que regula las visitas que puede recibir, el acceso a Internet y su conducta en la Embajada de Ecuador en Londres, donde está asilado desde el 2012, ya que teme que sea extraditado por Reino Unido a EE.UU. por haber revelado secretos de ese país a través de su portal WikiLeaks.

La decisión se tomó pasadas las 15:00 de este lunes. Después de más de cinco horas de audiencia, la Jueza negó la acción de protección presentada por la defensa del fundador de Wikileaks, aduciendo que era improcedente.

En de la audiencia efectuada este lunes en Quito, Carlos Poveda, abogado de Assange en Ecuador, exhortó al Gobierno ecuatoriano a "retomar el diálogo" por la situación de Assange. Según el defensor, con la entrada en vigencia del protocolo especial de visitas se estaría vulnerando los derechos del fundador de WikiLeaks. Assange siguió la audiencia a través de videoconferencia, con traducción simultánea.

En la diligencia, Iñigo Salvador, procurador General del Estado, indicó que el protocolo busca alcanzar una convivencia armónica dentro de la Embajada de Ecuador en Londres. Precisó que el documento que entró en vigencia el pasado 12 de octubre del 2018 no restringe las comunicaciones ni las visitas de Assange.

Desde el 2014, personal del cuerpo diplomático reportó incidentes protagonizados por Assange. Por ejemplo, andar en patineta, jugar fútbol y discutir con los guardias de la Embajada.

El procurador Salvador reveló que en septiembre último, Assange y su equipo instalaron un "aparato desconocido" en el balcón de la Embajada que luego fue retirado. La defensa del Estado señaló que es necesario el protocolo, ya que Assange ocupa 70 metros de los 175 que cuenta la Embajada.

Tras el fallo, el procurador Salvador dijo que la Jueza ha dado la razón al Estado ecuatoriano, porque no hay ninguna vulneración a los derechos de Assange, sino un procedimiento de normas básicas para convivencia. Adelantó que si el fundador de WikiLeaks cumple con las disposiciones del documento, podrá estar "el tiempo que quiera en la sede diplomática".

Carlos Poveda, abogado de Assange en Ecuador, cuestionó la decisión y adelantó que apelarán la sentencia en la Corte Provincial. El jurista insiste en que se están vulnerando los derechos del activista.

El canciller José Valencia negó una presunta injerencia de Estados Unidos en la situación de Assange. " Hemos demostrado que el Ecuador se rige por el Derecho". Además, ratificó que le corresponde a la defensa de Assange intermediar con el Reino Unido para buscar una solución al asilo.

"El Ecuador ha gastado más de USD 6 millones en la protección del señor Assange. Hemos solicitado salvoconductos, que fueron negados. Lo que le corresponde a Ecuador es hacer cumplir la normativa vigente en materia del asilo", dijo Valencia.

Julian Assange ha permanecido asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el 19 de junio del 2012, ya dice temer por su vida porque Reino Unido podría extraditarlo a EE.UU., país que lo requiere judicialmente por revelar secretos de Estado.

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