Jueces y secretarios serán capacitados sobre la aplicación de los brazaletes electrónicos
La mañana de este 19 de septiembre del 2016, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia realizaron una rueda de prensa conjunta en donde se suscribió un convenio de cooperación. Foto: Twitter JusticiaEC
1 200 funcionarios judiciales, entre jueces y secretarios, serán capacitados por la Escuela de la Función Judicial sobre el uso, aplicación y funcionamiento de los brazaletes electrónicos, un dispositivo que empezará a aplicarse en el país a finales de este año.
4 000 de estos aparatos estarán disponibles para personas involucradas en procesados penales y que serán parte del Sistema de Vigilancia Electrónica, impulsada por el Ministerio de Justicia.
Quienes están a cargo de decidir qué persona puede usar o no el brazalete serán los jueces penales, quienes también son de garantías penitenciarias; jueces multicompetentes y de violencia intrafamiliar.
Ellos y los funcionarios judiciales de esas materias, recibirán una capacitación desde el próximo 26 de septiembre. Así lo dio a conocer el Consejo de la Judicatura (CJ) la mañana de este lunes 19 de septiembre del 2016, en una rueda de prensa conjunta con el Ministerio de Justicia, en donde se suscribió un convenio de cooperación.
“Los brazaletes es una medida cautelar que tiene como objetivo asegurar la comparecencia de un procesado a juicio. En algunos casos normativos, es obligatoria su aplicación”, reseñó Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura.
Según la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, los brazaletes electrónicos se aplicarán de forma obligatoria para personas involucradas en juicios penales que se encuentren embarazadas, mayores de 65 años y enfermos terminales o catastróficos, en remplazo del arresto domiciliario.
Los jueces también pueden reemplazar la prisión preventiva mediante el uso de un aparato de monitoreo electrónico, siempre y cuando sean en delitos leves.
“Esto debe quedar muy claro, hay personas que por su peligrosidad, nunca se van a beneficiar del Sistema de Vigilancia Electrónica”, añadió Zúñiga.
El tercer ámbito de aplicación será para personas privadas de la libertad que después de haber pagado el 60% y 80% de su condena, más ciertos criterios como por ejemplo un buen comportamiento, se sometan a regímenes especiales para el cumplimiento de una pena.
Es decir, a través de este dispositivo, una persona sentenciada, por ejemplo, puede trabajar por las mañanas y por las noches volver a las casas de seguridad. Esto se denomina régimen semiabierto.
Y finalmente, se aplicarán también, en casos de protección de víctimas, para mantener vigilancia de la persona sospechosa, como por ejemplo en los juicios de violencia intrafamiliar.
Costos del sistema
Zúñiga indicó que la implementación del sistema tendrán un valor de USD 14 millones, que incluyen los 4 000 dispositivos, la plataforma de monitoreo y el código fuente, que permite seguir desarrollando el sistema electrónico a la necesidades del Ecuador.
Por ahora, los brazaletes no tendrán ningún costo para los usuarios, pero la Ministra no descarta que en el futuro los propios propietarios puedan financiar el sistema.
“Estamos en una fase piloto. Cuando lleguen los primeros dispositivos, ahí analizaremos cuáles son las posibilidades de uso. Ahora recordemos que en la Constitución se establece la gratuidad de la justicia, pero en otros países donde también se establece la misma posibilidad, hay una opción de que la persona tenga una renta por el uso del dispositivo”, explicó Zúñiga.