En menos de una semana se decomisaron dinero en efectivo, miles de sobres con droga y más de 5 500 objetos prohibidos, que habían sido ingresados a la Penitenciaría de Guayaquil. La Policía detalló que fueron 2 fusiles, 2 pistolas, armas blancas, 5 375 municiones de diferentes calibres, 82 cartuchos sin percutir, 3 alimentadoras, 75 espadas artesanales, 117 celulares, 5 artefactos explosivos y una granada.
La mayor incautación se produjo el pasado 3 de septiembre. Ese día hubo una requisa masiva en dos pabellones de ese centro carcelario, luego de un enfrentamiento armado entre reos. Se conoce que los objetos prohibidos por la ley -en su mayoría- estaban encaletados y embalados en las terrazas de la Penitenciaría. Agentes que estuvieron al frente de esa incursión aseguraron que no hubo detenidos ni procesados por poseer esos artefactos.
Tres expertos en seguridad consultados por este Diario señalaron que el problema del ingreso de artículos prohibidos persiste, porque hay un gran número de personas implicadas en ese ilícito, quienes no reciben “sentencias ejemplares” o existe un “lento avance en las investigaciones por ese tipo de delito”. Las cifras también lo corroboran. Un informe estadístico de Fiscalía muestra que, desde el 2014 hasta junio del 2022, se iniciaron 13 140 procesos judiciales por el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles del país.
En esos ocho años, los implicados en 3 650 casos recibieron una condena. Eso representa solo un 27% del total. Por ejemplo, una de las últimas sentencias, que Fiscalía hizo pública, data de enero de 2022. Ese mes se impuso una condena de seis años de cárcel a una mujer que intentó ingresar un celular al centro de privación de libertad de Chimborazo.
El hecho ocurrió en agosto del 2021. Los policías realizaron un registro corporal de la mujer al ingreso de la cárcel y descubrieron que ocultaba el teléfono. En ese momento fue aprehendida. Este tipo de condenas no ocurren en todas las situaciones. Según la Fiscalía, el 55,7% del total de causas judiciales registradas desde el 2014 fue archivada, prescribió la pena, se dejó sin efecto la acusación penal o los implicados fueron declarados inocentes.
El 21 de agosto del 2021, una mujer intentó ingresar 20 audífonos y seis cables USB a la cárcel de Ambato, durante el horario de visitas a los internos. En la entrada de la cárcel, una guía penitenciaria registró a la mujer y encontró esos objetos en sus partes íntimas. En este caso, el proceso judicial no prosperó. De las causas judiciales por ese delito, que aún están en curso, la mayoría se encuentra en la fase de investigación previa. Es decir, 1 354 casos han permanecido por años en la primera fase del proceso penal, sin ningún avance.
El personal que labora en la Fiscalía explica que el avance de los casos depende de la complejidad de la investigación. Por ejemplo, si se logra recopilar suficientes evidencias contra una persona se puede formular cargos. Si no, se deben recopilar más indicios, tomar versiones y eso toma tiempo. Además, si al pasar los años la investigación no logra establecer la responsabilidad penal de una persona se puede archivar la causa.
¿Por qué ocurre eso?
El penalista Mauricio Pacheco dice que la mayoría de las causas por ese delito no progresa, porque cuando los policías encuentran objetos prohibidos en las celdas y pabellones no se puede determinar con facilidad a quiénes pertenecen. “Tras decomisar esos artículos es difícil individualizar a quién pertenecen y por lo tanto las investigaciones o procesos judiciales no van a avanzar”.