Christian Cruz, presidente del Cpccs; Sofía Almeida, vicepresidenta del Cpccs. Fotos: archivo / EL COMERCIO
En el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) hay división. La vicepresidenta, Sofía Almeida, y la consejera Ibeth Estupiñán, denuncian que se les niega información y que se ha conformado una nueva mayoría en el Pleno.
Sofía Almeida apunta que “casi todas las resoluciones las toman el Presidente y los tres consejeros varones”. Las mujeres estamos en minoría, agregó la funcionaria.
El jueves 9 de julio del 2020, mientras Christian Cruz defendía la legalidad de su carné, que describe una discapacidad visual del 81%, y ofrecía someterse a una reevaluación, la Vicepresidenta y las consejeras Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira mocionaron que Cruz solicite una licencia sin sueldo para que aclare el tema.
Pese a que la consejera Rivadeneira pedía explicaciones por la licencia tipo E (para conducir camiones), algo que dice es incompatible con un carné de 81% de discapacidad, la propuesta finalmente no pasó con el voto en contra del propio Cruz.
Almeida y Estupiñán aseguran que esa mayoría, integrada por Cruz y los consejeros David Rosero, Juan Javier Dávalos y Francisco Bravo, toma las decisiones.
Cruz, de forma escrita, respondió que “las decisiones son democráticas, libres e independientes y que todos los consejeros tienen el legítimo derecho de expresarse”.
David Rosero dijo que cada vocal vota de acuerdo a su conciencia. “A veces hay votaciones por unanimidad, otras veces por mayoría. Es parte del tema parlamentario democrático”, aseguró.
Juan Javier Dávalos (correísmo) explica que actúan con el reglamento. “Hemos coincidido últimamente entre los cuatro consejeros, en muchas de estas apreciaciones, siempre en defensa de la participación”, dijo.
Almeida narra que Cruz ha ordenado que se “cierren los micrófonos” en sesiones. Al respecto, Cruz citó el artículo 18 del Reglamento del Pleno, que establece que cerrado el debate o durante el proceso de votación ningún Consejero o Consejera podrá tomar la palabra.
Según Cruz, la aprobación de investigaciones de corrupción de este y el anterior Gobierno se han aprobado con voto unánime.
“A partir de abril me parece que (Cruz) empieza a tener acercamientos con el correísmo, llegaron las agresiones verbales y empezó a vulnerarse nuestro derecho de participar en el Pleno”, aseguró Estupiñán.
En la sesión de ayer, 15 de julio del 2020, Francisco Bravo señaló que las consejeras repiten discursos, y que “están más pendientes del maquillaje, lo que causó la reacción de las consejeras del Cpccs.
El Cpccs también recibió críticas por la conformación de la veeduría que vigilará la concesión de 3 096 frecuencias de radio para medios de comunicación privados y comunitarios. La Arcotel impugnó a todos los veedores.
Cruz, Dávalos y Rosero aseguran que el proceso se llevó a cabo conforme a los reglamentos vigentes y advierten que las impugnaciones deben ser documentadas. Almeida y la consejera Estupiñán, en cambio, aseguran que solicitaron información sobre los veedores, pero no han tenido respuesta.
“El Presidente dispuso a los funcionarios de la institución que toda la información requerida por los consejeros, debe pasar a través de él”, comentó la Vicepresidenta. La disposición consta en el memorando 2019-0410-M, del 16 de septiembre del 2019. Cruz dice que “existe un proceso administrativo y normativo interno de la institución que se debe respetar”.
El Cpccs debe nombrar al Defensor Público, al Superintendente de Ordenamiento Territorial a los nueve integrantes de la Conferencia de Soberanía Alimentaria y a los dos representantes al Comité Interseccional Nacional de Desarrollo de Fronteras.
