Influencer investigado por atropello en Quito afrontará un pedido de pena máxima
La defensa de Nelly A. solicitará la pena máxima para Roberto S. y cuestiona las medidas sustitutivas dictadas por la justicia
La defensa de Nelly A., una mujer de 52 años que falleció tras ser atropellada en el norte de Quito el pasado jueves, 9 de julio de 2026, anunció que solicitará la pena máxima contra Roberto S., un creador de contenido digital investigado por el supuesto delito de muerte culposa.
La abogada de la familia expresó su inconformidad con las medidas sustitutivas impuestas al procesado durante la audiencia de formulación de cargos.
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Detalles del atropello y la investigación
El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Francisco de Orellana y la calle Enrique Gangotena. Según la defensa, Nelly A. cruzaba por el paso cebra para asistir a una reunión de padres en el colegio donde estudiaba su hijo cuando fue atropellada por el vehículo conducido por Roberto S.
La Fiscalía y el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) centran su investigación en las acciones de Roberto S. Durante una entrevista con EL COMERCIO, Samantha Calderón, abogada de la familia, afirmó: “Tenemos ya determinada una causa basal y esta es que el conductor no cede el derecho preferente de vía, lo cual está obligado a hacerlo al enfrentar el paso peatonal, causando el atropellamiento hacia la señora Nelly A.”.
Nuevas diligencias y posibles sanciones
La defensa planea solicitar nuevas diligencias, como el análisis de videos del sector y la toma de versiones de familiares presentes, para fortalecer la investigación. Además, Calderón indicó que se pedirá la pena máxima prevista en el artículo 377 Código Orgánico Integral Penal (COIP), que podría alcanzar entre tres y cinco años de privación de libertad si se comprueba un exceso de velocidad.
“Esta defensa se encontró inconforme con la decisión de la señora jueza, debido a que de por medio se encuentra la vida de una persona”, manifestó Calderón tras conocer que se impusieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
La abogada explicó que la instrucción fiscal tendrá una duración inicial de 30 días, tiempo durante el cual la Fiscalía practicará las diligencias investigativas antes de definir si presenta un dictamen acusatorio.
Reparación integral para la familia
Además del posible castigo penal, la defensa también buscará una reparación integral para los familiares de Nelly A., especialmente para su hijo menor, quien presenció el trágico evento.
Calderón explicó que el niño, de apenas 11 años, esperaba a su madre al otro lado de la avenida porque ambos asistirían a una reunión en el colegio en el que estudiaba el menor de sus hijos. Desde ese lugar presenció el momento en que ocurrió el atropello.
Además, la representante legal agregó que también se buscará que el juzgador valore el proyecto de vida que tenía la víctima y el impacto que su fallecimiento provocó en su esposo y en sus tres hijos.
Impacto emocional en la familia
Calderón agregó que se espera que el juzgador valore el proyecto de vida que tenía Nelly A. y el impacto emocional que su fallecimiento provocó en su esposo e hijos. Hasta ahora no ha habido acercamientos entre las defensas para discutir una posible reparación.
“La familia se encuentra totalmente devastada. Un esposo perdió a su compañera de vida, dos hijos mayores perdieron a su madre y un niño presenció su fallecimiento. Lo único que esperan es que se haga justicia”, concluyó Calderón.
Preguntas frecuentes sobre Influencer investigado por atropello en Quito
Falleció tras ser atropellada mientras cruzaba un paso peatonal.
El siniestro ocurrió el 9 de julio de 2026 en la intersección de la avenida Francisco de Orellana y la calle Enrique Gangotena, en el norte de Quito. Según la defensa de la familia, la víctima cruzaba por el paso cebra para asistir a una reunión escolar cuando fue impactada por un vehículo.
Roberto S., un creador de contenido digital.
La Fiscalía lo investiga por el supuesto delito de muerte culposa y actualmente enfrenta un proceso penal mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del atropellamiento.
Que el conductor no cedió el paso a la peatona.
La abogada Samantha Calderón afirmó que la causa principal del siniestro habría sido que el conductor incumplió la obligación de ceder el derecho preferente de paso a una persona que cruzaba por el paso peatonal.
Análisis de videos y recepción de testimonios.
La defensa pedirá revisar las grabaciones de cámaras del sector y recoger las versiones de familiares y otros testigos para fortalecer la investigación.
La máxima prevista para este delito.
La defensa anunció que solicitará la pena máxima contemplada en el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que podría ir de tres a cinco años de prisión si durante el proceso se determina la existencia de circunstancias agravantes como un exceso de velocidad.
Porque no se dictó prisión preventiva.
La jueza dispuso medidas sustitutivas para el procesado. La representante legal de la familia considera que, debido a la gravedad del caso y a la pérdida de una vida, correspondía una medida cautelar más estricta.
Inicialmente, 30 días.
Durante ese período, la Fiscalía practicará pericias, recopilará pruebas y decidirá si existen elementos suficientes para presentar una acusación formal.
No.
Además de una eventual sanción penal, la defensa solicitará una reparación integral para los familiares de la víctima, considerando especialmente el impacto sufrido por su esposo y sus tres hijos.
Porque forma parte de la reparación integral.
Según la defensa, el hijo menor de la víctima, de 11 años, presenció el atropellamiento mientras esperaba a su madre para asistir a una reunión escolar. La representación legal pedirá que la autoridad judicial considere tanto ese impacto emocional como el proyecto de vida de la víctima al momento de determinar una eventual reparación.
No.
El proceso se encuentra en la etapa inicial de investigación. La formulación de cargos no implica una condena. Será la Fiscalía la que reúna los elementos de convicción y, posteriormente, un juez quien determine si existe responsabilidad penal mediante una sentencia ejecutoriada.
