3 de mayo de 2019 00:00

El hacinamiento carcelario se agravó entre diciembre del 2018 y abril del 2019

En la gráfica se observa la entrada principal al Centro de Detención Provisional de Quito, en donde se reporta un hacinamiento del 162%. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

En la gráfica se observa la entrada principal al Centro de Detención Provisional de Quito, en donde se reporta un hacinamiento del 162%. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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La situación en las cárceles no mejora. Entre diciembre del 2018 y abril de este año, el hacinamiento pasó del 38% al 40%. Esta información fue confirmada este jueves 2 de mayo del 2019 por la Dirección de Rehabilitación Social.

Este problema se acentúa en Quito, Guayaquil, Ibarra y Latacunga. Por ejemplo, el Centro de Detención Provisional de El Inca, en el norte capitalino, tiene capacidad para 800 personas, pero actualmente están recluidas 2 097.

Esto significa que a la fecha hay una sobrepoblación de 162%. En el 2018 era del 157%.

Un caso similar ocurre en la cárcel de Latacunga. El director del centro, Eduardo Coloma, confirmó la sobrepoblación carcelaria y aseguró que semanalmente llegan entre 50 y 100 nuevos detenidos.

Diego Godoy manejó ese centro carcelario hasta febrero y el miércoles confirmó que no hay suficiente infraestructura ni recursos para abastecer a “tantos detenidos”.

Fuente: Dirección de Rehabilitación


Solamente en los dos primeros meses de este año llegaron 400 presos, que estaban, por ejemplo, en el CDP de Quito.

Para entonces, las autoridades dijeron que el traslado obedece a una medida para aliviar en algo la sobrepoblación existente en la cárcel capitalina.

Ante el hacinamiento que se registra, Diego Godoy se reunió con autoridades de la Dirección de Rehabilitación y solicitó que no envíen más detenidos. La respuesta fue que “la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, tiene mayor sobrepoblación” y que no se puede enviar a la gente a esa ciudad.

Este Diario pidió a la Dirección de Rehabilitación que se apruebe el ingreso al CDP de Quito, pero no se autorizó.

La última vez que se permitió constatar lo que ocurre internamente fue en diciembre del 2018. Después hubo cambio de autoridades y quienes se fueron dijeron que la separación obedece a que permitieron conocer las malas condiciones en las que viven los procesos.

Este jueves, el director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, dijo que trabaja en un plan para declarar en emergencia el sistema penitenciario y que los términos “posiblemente” se conozcan la próxima semana.

Uno de los puntos que se incluirá precisamente tiene relación al hacinamiento y las posibles soluciones.

Las condiciones en las que se encuentran las cárceles también fueron sometidas a una investigación en la Defensoría del Pueblo, que sugirió declarar la emergencia. Tras ese estudio, la entidad además reveló que en 10 años, el número de personas recluidas se triplicó. En el 2019 eran 11 279 y en este año son 39 558 a escala nacional.

¿Por qué el aumento? El informe de la Defensoría muestra que una razón es el uso excesivo de la prisión preventiva.

En el caso de Latacunga, su Director confirmó que por la sobrepoblación se agilitan los trámites de prelibertad. Según la norma penal (art. 698), este beneficio se aprueba para las personas que cumplieron el 60% de la sentencia.

“En Latacunga hay personas que ya cumplieron con el 80% y 90% de la pena y aún no salen de la prisión”, aseguró Godoy.

Durante su gestión, 300 solicitudes de prelibertad se remitieron a la Comisión Nacional de Verificación de la Dirección de Rehabilitación, en donde se comprueba que los detenidos cumplan con los requisitos para salir de la cárcel. Actualmente, estas peticiones se encuentran en trámite.

En la cárcel de hombres de Ibarra, la directora Amanda Méndez optó por el mismo mecanismo. Aseguró que se envió a Quito 32 solicitudes rezagadas desde diciembre del año pasado. Aún están pendientes 13 trámites. “La prelibertad es la única forma de reducir la población carcelaria”.

Para solventar este problema, la Dirección de Rehabilitación firmó el martes un convenio con el Servicio de Contratación de Obras (Secob).

La idea es ejecutar obras de infraestructura en los centros penitenciarios de adultos y de menores y adecuar zonas para talleres, sitios de desintoxicación, aulas de clases, etc.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, sus autoridades dijeron que para superar el hacinamiento se agilitaron las boletas de libertad.

En enero, este Diario entró a esas instalaciones y comprobó que las celdas estaban repletas, que los presos improvisaron tendederos de ropa. Los internos pedían ayuda para evitar que las cosas se agudicen.

En contexto

En enero de este año, por decreto del presidente de la República, Lenín Moreno, desapareció el Ministerio de Justicia, que estaba a cargo de las cárceles, y se creó la Dirección de Rehabilitación Social. Ernesto Pazmiño está a cargo de esta institución.

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