Los moradores de Pascuales piden que se suspendan los entierros en el cementerio del lugar. Foto: REUTERS
Vivir en Pascuales es vivir con la muerte. Así describen sus días los habitantes de esta parroquia urbana, del norte de Guayaquil.
Allí funciona el denominado Campo Eterno, lugar en donde el Gobierno sepulta a los fallecidos de la emergencia sanitaria. El sitio fue habilitado a finales de marzo y desde entonces, los vecinos dicen que han sido testigos de la llegada de decenas de cadáveres a ese cementerio.
Jessi Cobo es una de las moradoras del sector. La mujer, de 40 años y madre de 10 niños, aún no se acostumbra a ver tantos vehículos con ataúdes.
Su casa queda frente al camposanto y cuenta que cada semana al menos tres contenedores llegan con cadáveres. Sus hijos pequeños también los observan con asombro. “¿Mami ahí llevan a los muertitos?”, le preguntan cada vez que pasan los camiones de color blanco.
Pero el impacto psicológico de los pequeños no es lo único que le preocupa. El miedo de que se enfermen por alguna bacteria o por el mal olor del barrio no la deja dormir. Por eso, ha prohibido a los pequeños salir de la casa. En especial, los días que pasan los contenedores, pues en su trayecto derraman líquidos en las calles.
Esos hechos generaron que el pasado 9 de abril, los vecinos de Pascuales exigieran al Gobierno que suspendieran los entierros. A través de redes sociales difundieron videos y fotografías de los residuos que aparecieron en las vías de la parroquia. “Ya no nos traigan más muertos”, decía un morador en una de las grabaciones.
Las quejas generaron que el Municipio de Guayaquil, después de pocas horas, enviara un equipo para desinfectar las calles. Pero esa acción no alivió la molestia de los vecinos, quienes siguen exigiendo a las autoridades que ya no se sepulte a más personas en ese cementerio.
Ahora, los moradores acudieron al Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil para pedir que sus necesidades sean analizadas. Ese organismo realizó una visita al sector y conversó con los propietarios de las casas cercanas al camposanto. Y también recogieron otra anomalía.
Los moradores creen que el Gobierno colocó inhibidores de frecuencia, ya que tienen problemas con la señal de Internet y de telefonía móvil. Los vecinos dicen que los inconvenientes aparecieron después de que difundieron los videos en redes sociales.
Militares y policías que custodian el cementerio también prohibieron la grabación de videos en esa zona. El pasado 13 de abril, personal de la Marina incautó una tarjeta de video a un equipo de periodistas internacionales.
Los reporteros llegaron al lugar para captar imágenes del cementerio con un dron, pero los uniformados retuvieron el equipo. Después de unas horas, la Armada del Ecuador informó que la tarjeta fue devuelta a los medios.
Jorge Wated, encargado de la Fuerza de Tarea que gestiona los levantamientos y sepelios, también se refirió sobre este tema. En una entrevista con este Diario negó que se haya cortado la frecuencia de Internet en el lugar. Además, aclaró que están pendientes de las quejas ciudadanas y que se ha coordinado con el Municipio de Guayaquil para desinfectar las calles.
La Defensoría del Pueblo también está pendiente de las quejas de los habitantes de Pascuales. La defensora Zaida Rovira ha visitado a las familias y dice que constató que tienen problemas de conectividad. Los hechos serán recogidos en un informe que la entidad realizará al final de la emergencia sanitaria.
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