Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, dijo ayer que ellos no aceptarán las compensaciones. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO
La Federación Nacional de Operadoras de Taxis (Fedotaxis) sellará un acuerdo con el Gobierno, en relación con las compensaciones por el incremento del precio de las gasolinas extra y ecopaís. Esta medida estará condicionada al cumplimiento de parámetros de calidad en el servicio por parte del taxismo.
Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, ratificó que las compensaciones se entregarán solo a los miembros de las cooperativas de taxi que garanticen un servicio de calidad para los ciudadanos del país.
El Gobierno negoció por separado con los taxistas y con el resto de federaciones de transporte público y de carga. Para sellar este acuerdo, los dirigentes nacionales del taxismo se reunieron con los consejeros y asesores presidenciales. En la cita se ratificó el acuerdo de categorización, que contemplaría una compensación de USD 0,37 por galón de combustible consumido.
Bajo el mecanismo que acordaron, los taxistas que operen en las ciudades de categoría A recibirán un cupo de 270 galones al mes como parte de las compensaciones. En esta matriz estarían las ciudades grandes, como Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Portoviejo, Machala y Santo Domingo.
En la categoría B, con un cupo de 230 galones, estarían los propietarios de taxis que desarrollen sus actividades en el resto de capitales provinciales.
Mientras que para el resto de cantones se asignará la categoría C, que según la propuesta alcanzaría un techo de 210 galones mensuales por concepto de compensación.
Para efectivizar el acuerdo, los taxistas recibirán una tarjeta que podrán presentar en las estaciones de servicio y estará cargada con el cupo de galones por cada ciudad.
Calderón aclaró que si algún profesional del volante decide trabajar a doble jornada o excede el cupo de galones consumidos, deberá cancelar el precio normal de la gasolina: USD 1,87 por galón.
Por el momento, los dirigentes del taxismo avanzan en la entrega del listado de cooperativas legalmente constituidas, que cuentan con permisos de operación de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Esta información también será cotejada por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Para controlar que el servicio de transporte sea de calidad, el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, subrayó que se implementará un mecanismo tecnológico para que cada usuario evalúe el desempeño del taxista.
A partir de esos datos, el Gobierno decidirá si entrega o no la compensación mensual a las cooperativas de taxis.
Entre los parámetros que se analizarán constan el trato, la predisposición de trasladarse al sitio que el cliente indique, los años del vehículo, entre otros, aseguró Roldán.
El funcionario no descartó que empresas privadas se encarguen de esta evaluación a través de medios tecnológicos. Pero aclaró que será el Estado el encargado del control.
Este inminente acuerdo entre el Gobierno y el taxismo puso en la palestra la división entre los dirigentes provinciales y nacionales. Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, dijo que ellos no aceptarán las compensaciones.
El taxismo de Pichincha pide que se apliquen otros mecanismos para beneficiar al usuario.
Paco Velasco, presidente de la Unión de Operadoras de Taxi de Pichincha, adelantó que solicitarán que en lugar de entregar compensaciones, el Gobierno invierta en una plataforma tecnológica que incluya a todas las modalidades de transportación terrestre.
Además, pedirán que se intensifiquen los controles al taxismo informal, sobre todo a los vehículos privados que operan con aplicativos como Uber y Cabify.
Fernando Valdez, presidente de la Federación de Taxis Ejecutivos del Ecuador, dijo que la mayor parte de las nueve federaciones agremiadas a esa organización acordó pedir al presidente Lenín Moreno que derogue el Decreto referente al incremento de los combustibles.
Luis Cifuentes, presidente de la Unión Provincial de Taxis Ejecutivos de Imbabura, cree que es “absurdo” que desde el Gobierno se quiera condicionar la entrega de la compensación solo si estas unidades mejoran el servicio. Los dos gremios que esta modalidad de transporte aglutina ratificaron la decisión de no aceptar la compensación estatal.
Los directivos de la Unión de Taxistas del Azuay no conocen que exista un condicionamiento del Gobierno para recibir la compensación. Según Bolívar Sucozhañay, presidente de este gremio, la ciudadanía es la que se beneficiaría del subsidio porque de esta forma no se incrementará el costo de las carreras.
Según Jorge Calderón, el Gobierno se comprometió a entregar las primeras 5 000 tarjetas correspondientes a la compensación hasta la próxima semana. “El subsidio no es para el taxismo, sino para los ciudadanos, quienes no deberán pagar más”, finalizó el dirigente del taxismo nacional.