En el Colegio Vicente Rocafuerte, de Guayaquil, los estudiantes dieron la prueba. Cada chico tiene clave de acceso. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Un total de 257 084 jóvenes rindieron el reciente examen Ser Bachiller, que se tomó entre el 17 y el 23 de enero del 2020. El 1% de ellos, al parecer, se benefició de una filtración de la prueba, que investiga la Fiscalía General del Estado.
Esa irregularidad involucra a unos 40 planteles de Los Ríos, de un universo de 2 252 instituciones del país, en donde se desarrolló esta evaluación, con énfasis en el ciclo Costa.
Esta prueba, que permite el acceso a la educación superior pública, se instauró en Ecuador en el 2012.
Por mandato de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), aprobada en el 2010, se creó el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación. Y también se estableció el Examen Nacional de Educación Superior (ENES), hoy Ser Bachiller. Este es el filtro para obtener cupos en universidades e institutos públicos.
Para la reciente prueba hubo expectativa por los cambios, que implicaban una reducción en el número de preguntas y, por tanto, de tiempos de resolución. Además, una modificación de fondo: el examen ya no se basó en los estándares educativos del 2012 sino del 2016. Y no hubo ítems del componente abstracto en particular.
Al final, como en otras ocasiones, se escucharon duras críticas al examen. Pero esta vez también voces de padres de familia y estudiantes que exigen que “se repita la prueba”. Se sienten ‘perjudicados’ porque un grupo tuvo previamente acceso a las preguntas.
Ese argumento ha sido cuestionado por la ministra de Educación, Monserrat Creamer. Para ella es más importante hablar sobre la “honestidad académica”. Le parece “increíble cómo se ampara a los que plagiaron y a los que no alcanzaron a plagiar”.
¿Qué ocurrió? Esta nueva denuncia de filtración de la Ser Bachiller está en proceso de investigación. Pero se conoce que habría toda una red detrás de la vulneración a las seguridades del examen.
Penosamente, se presume que están implicados rectores y profesores. ¿Cómo funcionó el sistema? EL COMERCIO conoció que la filtración habría ocurrido el martes 21 de enero, es decir, uno de los siete días en que fue aplicado.
La autoridad de cada plantel en donde se rinde el examen de acceso a la ‘U’ recibe el ‘aplicativo’ 24 horas antes. Es decir es el responsable de la plataforma informática, que se instala en las computadoras usadas por los jóvenes.
El aplicativo trae una clave, que está encriptada hasta tres horas antes de la prueba.
Por ejemplo, si se debía tomar a las 09:30, la contraseña le llega al rector a las 06:30. Y a las 08:30 recibe la ‘clave maestra’ de seguridad, que permite instalar en cada tableta o computador un modelo de prueba por colegial o sustentante.
El escándalo de la filtración ha hecho que los políticos vuelvan a discutir sobre la pertinencia del examen de acceso a la universidad. Unos dicen que debe ser eliminado; incluso asambleístas recomendaron al Instituto de Evaluación (Ineval) hacer ajustes, el miércoles, en Guayaquil.
El presidente Lenín Moreno tampoco se quedó fuera del ‘debate’. Y anunció su decisión de separar del cargo al director del Ineval, Edwin Palma.
“La filtración del Ser Bachiller es inadmisible. ¡No se puede jugar con los sueños de los jóvenes ni mancillar su educación en valores!”, dijo.
El 22 de enero de este 2020, el Ineval presentó una denuncia por la filtración de este año, en Los Ríos, ante la Fiscalía General del Estado. El delito que se investiga es revelación ilegal de base de datos.
Las autoridades educativas y profesores que resultaren involucrados tras la investigación, podrían enfrentar una condena de privación de libertad de uno a tres años, según el Código Orgánico Integral Penal. Si se trata de funcionarios públicos (planteles fiscales), la pena se agravaría.
No es la primera denuncia por filtración de preguntas del examen de ingreso a la educación pública. Desde el 2013, en Fiscalía hay cerca de 20 procesos por violación de clave o seguridad para acceder a información protegida, contenida en sistemas de información; delito contra información pública reservada legalmente; acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.
Estas irregularidades han ocurrido en varias provincias del país, entre ellas Pastaza, Pichincha y Guayas.
Antes de la prueba, el directivo del colegio y los profesores que reciben las claves suscriben un acuerdo de confidencialidad. Ahora, Fiscalía recibe versiones de sospechosos y del Ineval, para entender cómo se vulneró el sistema.
En medio de esta polémica, ayer, el presidente Moreno reunió en Carondelet a rectores y estudiantes. También estuvo Agustín Albán, titular de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt).
Albán detalló los esfuerzos realizados por el Gobierno para incrementar el número de plazas para acceder a la educación superior. Así, dijo que en el 2016 había 60 000 cupos por semestre. Y entre el 2017 y el 2019, gracias a gestiones, son unos 50 000 más cada año.
Les interesa -comentó- fortalecer la educación en línea, que ofertan ya universidades como la Central, Técnica del Norte y Técnica del Manabí, Estatal de Milagro y Espe. Habló de 13 nuevos institutos en construcción y de planes para las universidades amazónicas y de Santo Domingo.
Moreno informó que en este 2020 se invertirán USD 3 900 millones en educación, desde inicial a bachillerato; más 1 100 millones para las ‘U’.
“Las universidades no tienen la infraestructura suficiente para que nuestros jóvenes sigan la carrera de sus sueños”, admitió el Mandatario. Y ofreció datos de su afirmación: en el 2019, 300 000 jóvenes se graduaron de bachilleres y solo había 179 000 cupos.
Para este semestre -precisó Moreno- habrá un incremento de 23% de cupos. Serán 106 154 plazas; 81 323 presenciales y 24 831, en línea.
En contexto
En Ecuador existe una prueba de acceso nacional a la educación superior pública desde el 2012. Antes conseguían cupos los que llegaban primeros a las filas para matricularse y por palancas. Ahora, algunas ‘U’ tienen procesos paralelos de admisión.
Punto de vista
‘La prueba no debe eliminarse’
Édgar Samaniego
Médico y exrector de la U. Central
Cuando fui decano de Ciencias Médicas en la U. Central impuse la toma de un examen de acceso a la Facultad, por primera vez, entre el 2003 y 2004. El Consejo Directivo fue secuestrado por siete horas, querían que firmara la derogaratoria de esa prueba. No lo hicimos. La Medicina es una carrera que forma a profesionales que cuidan de la población. Los profesores debían dar clase a 200 alumnos por aula. En el Hospital Eugenio Espejo, un médico iba con un grupo de 20 estudiantes a la cama del paciente, que huía de ellos. La evaluación es parte sustantiva de la vida personal, la ciencia y la evolución del mundo. No podemos abstraernos de una prueba de ingreso a la universidad. Pero se requiere ampliar el acceso a la educación superior. El Ser Bachiller debe ser revisado, pero no eliminado.
