9 de enero de 2021 00:00

37 meses sin aplicar la Ley para erradicar la violencia contra la mujer

Imagen referencial. Alexandra (nombre protegido) contó en redes sociales su historia de abuso sexual. Foto: Pixabay

Imagen referencial. En las jornadas de confinamiento en América Latina y el mundo todos los delitos cesaron, menos el de violencia contra las mujeres. Foto: Pixabay

valore
Descrición
Indignado 4
Triste 1
Indiferente 2
Sorprendido 0
Contento 1
Yadira Trujillo

El 2020 cerró con un total de 118 feminicidios en Ecuador, entre ellos seis transfeminicidios, de acuerdo con los datos recabados por Alianza Mapeo. La tendencia se mantiene: cada tres días ocurre un nuevo feminicidio en el país, perpetrado por parejas, exparejas o convivientes de las mujeres, en el 65% de los casos.

Sin embargo, cuando se levantan las cifras en coordinación con instancias del Gobierno, los peritos hacen informes que no permiten confirmar la figura del feminicidio. “Por eso, las cifras oficiales son menores”, indica Paola Maldonado, presidenta de Aldea y miembro de Alianza Mapeo.

Por ejemplo -detalla-, desde el Estado se considera feminicidio solo cuando se comprueba que hubo una relación íntima entre la víctima y el agresor.

Tampoco se registra correctamente el crimen cuando el feminicida se quita la vida.

A través de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada el 25 de noviembre del 2017, se estableció la creación del Registro Único de Violencia (RUV), con datos georreferenciados de los casos. Pero este RUV, que consta en el reglamento, no se ha concretado. Y así no se logra evitar crímenes ni llevar una mejor estadística.

Para su creación se conformó una mesa técnica, al mando de la Secretaría de Derechos Humanos. El ente trabajó en el marco conceptual, diseño metodológico y modelo de gestión en el 2020, según indicó su titular, Cecilia Chacón.

El informe de la consultoría fue entregado en noviembre al Ministerio de Gobierno, para que tome la posta y se encargue de la implementación tecnológica. Una vez finalizado el diseño del RUV, el próximo gobierno “debe darle rostro”, señala Chacón.

Mientras tanto, la violencia intrafamiliar, que golpea más a la mujer y a los hijos, se evidencia en datos del ECU-911: 88 872 alertas de ese tipo desde el 12 de marzo hasta ayer.

‘Con la Ley van a disminuir esas cifras de feminicidios’

Está pendiente la implementación de la Ley de una manera integral, en todos los municipios. Eso significa fortalecer las juntas de protección de derechos para que puedan responder a la violencia y dar solución a las mujeres que llegan a pedir ayuda. El resultado debe verse reflejado en la disminución de las cifras tan dolorosas.

En este 2021, un reto fundamental es reformar el Código Penal, que define que solo los huérfanos de feminicidios que tienen sentencia ejecutoriada pueden recibir un bono. Hay muchas mujeres asesinadas por feminicidas que se suicidaron, ahí no hay proceso legal y los huérfanos están desprotegidos, no han sido sujetos de reparación integral ni ellos ni las familias que se quedan a cargo. Tampoco se debe olvidar el gran desafío pendiente en la Corte Constitucional: la despenalización del aborto para víctimas de violación.

‘No queremos más migajas para proteger a tantas víctimas’

En las jornadas de confinamiento en América Latina y el mundo todos los delitos cesaron, menos el de violencia contra las mujeres. Disminuyeron las denuncias, mas no los delitos. Por eso las casas de acogida atendieron al tope de su capacidad. Siguieron recibiendo mujeres víctimas, adaptaron turnos, horarios y realizaron más gestiones para obtener implementos de bioseguridad y transporte.

Como organizaciones no queremos más migajas para atender y proteger a víctimas, necesitamos recursos suficientes y efectivos en lo urbano y rural.
Que tanto en la Amazonía como en los altos páramos y en las ciudades haya servicios eficientes de protección y que los funcionarios públicos que trabajan en las instituciones que tienen competencia en la ruta de atención, protección y prevención sean sancionados si no cumplen con los roles que corresponden.

‘Lo que realmente nos hace mucha falta es decisión política’

Las 22 instituciones del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia tienen que activarse con decisión política para, en primer lugar, aprobar el Plan Nacional, que es un instrumento técnico. Debe adquirir el carácter de instrumento nacional de política pública, desde el nivel central. Los gobiernos locales necesitan adaptar ese plan a sus condiciones.

Así será posible formular proyectos con fondos de inversión, priorizar recursos de cooperación internacional, entre otros mecanismos.

Para atender a las víctimas necesitamos una Policía ágil, sensible, que no desestime el testimonio de las mujeres diciéndoles: “qué habrá hecho para estar así”. Que tenga la capacidad de cuidar de esa mujer. Cada institución del sistema: ministerios de Salud, Educación, secretarías, Consejo de la Judicatura debe señalar su hoja de ruta para al menos los próximos cinco años.

‘La prevención es uno de los retos más importantes’

Falta mucho por hacer para la implementación efectiva de la Ley, cuyo reto más importante es la prevención para evitar hechos de violencia. Y que no se tenga que solo otorgar medidas de protección y luego garantizar el acceso a la justicia y esperar que funcione bien, sino para cambiar los patrones culturales que naturalizan la violencia y lograr que cada vez menos mujeres y niñas vivan la violencia.

El trabajo de prevención no es real ni sostenido. En el currículo educativo, por ejemplo, no existen temas que cuestionen esos patrones que permiten y reproducen la violencia cada día. Las estrategias de acción en la pandemia han sido insuficientes. El mayor error es que existe un discurso de compromiso que se reduce a eso o a determinadas campañas, pero sin presupuesto. Tampoco hay un compromiso efectivo para la implementación de la Ley, es difícil seguir avanzando.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (2)
No (0)