La falta de control en la frontera norte facilita la trata de niños y jóvenes

Redacción Tulcán

El último caso de pornografía infantil que se registró en Ibarra puso al descubierto la vulnerabilidad de los niños y adolescentes a ser explotados laboral y sexualmente. En especial en las zonas de frontera, donde hay poco control de las autoridades para el ingreso y salida de menores sin documentos en regla.

La Policía sostiene que en lo que va del año se registran 26 casos de explotación laboral y sexual en el país. Y se ha logrado la detención de 89 personas.

Niños en la guerrilla
Los infantes también son presa de los grupos armados de Colombia. Los reclutan de forma forzosa para ampliar sus filas.
En febrero de 2009, en la vereda de Cargazón, se dio un enfrentamiento entre guerrilleros y  lograron salir con vida siete  subversivos de entre 13 y 16 años.
Al menos 300 indígenas  de colombia, de entre 11 y 16 años, están en la guerrilla, según la prensa colombiana.
La mayor parte son sometidos a trabajos forzados y en los combates los ponen como carne de cañón, según las investigaciones de Inteligencia.
Los grupos paramilitares y guerrilleros están involucrados en el reclutamiento de niñas para explotarlas sexualmente.
El Observatorio del Delito destaca que en los últimos meses en las zonas de Tumaco y Putumayo se recluta a jóvenes y adolescentes para prostituirlas.

Uno de ellos, el joven ibarreño Cristian L., quien abrió una página en la Internet, para vender videos y fotos pornográficas de menores. Según la Policía, él atraía a sus clientes por medio de las redes sociales de la Internet. Luego cobraba de forma mensual entre USD 20 y USD 60 por el acceso y envío  del material.

El pasado 21 de octubre, agentes de esta Unidad Contra la Trata de Personas de la Dinapen recibieron información del  Consejo Nacional de Telecomunicaciones en la que indicaban que en la ciudad de Ibarra se estaba comercializando pornografía infantil. Se  alertó a las autoridades y se hizo un seguimiento de 15 días.

Se allanó la vivienda de Cristian L. y se encontraron los videos, fotos y recibos de transferencias de dinero de otros países.

Edwin Tufiño, jefe de la Unidad de Trata de personas de la Dinapen, manifestó que se revisa el material, para conocer si existen otros implicados.

Este no es el único caso que indaga. La Dinapen también investiga a Zoila N., quien pretendió salir del país ilegalmente con seis infantes y cuatro adolescentes. La mujer intentó valerse de su doble nacionalidad (ecuatoriano- venezolana) pero fue descubierta.

Los padres  de los menores dijeron en sus declaraciones ante la Fiscalía que  Zoila N. los engañó. Supuestamente les dijo que  los niños iban a hacer tareas domésticas, pero en realidad los iban a obligar a mendigar en Venezuela.

La permeabilidad de la frontera para este tipo de ilícitos, al igual que la explotación sexual, preocupa a  las autoridades de Ecuador y Colombia. El viernes anterior, en un encuentro binacional, se habló de la incidencia de la trata de personas en la frontera.

Mientras que en Ecuador la explotación laboral y la mendicidad alcanzan índices altos. En Colombia el reclutamiento forzoso; el trabajo laboral en niños y  adolescentes, al igual que la explotación sexual tienen una alta incidencia.

Para los representantes de diferentes organismos como Fundaciones, Pastoral Social, ONG, hace falta mayor control de la Policía en ambas fronteras. El control en Rumichaca por parte de la Dinapen es esporádico.

A Luis Cabrera, del Observatorio del Delito en Pasto, le extraña que cada vez que hay deportaciones de colombianas ellas lleguen de Quito, Santo Domingo u otras ciudades. “No entendemos cómo pasaron los filtros migratorios sin documentos”.

En abril, 31 mujeres colombianas fueron rescatadas del centro de diversión nocturno de Imbabura El Triángulo. Las jóvenes eran de Pereira, Manizales y Medellín. El 80 por ciento confesó que sí sabía a lo que iba.

Según Cabrera, una de las jóvenes en su testimonio manifestó que las reclutaron en sus ciudades y que en la red de trata de mujeres estaban involucrados ecuatorianos y colombianos.

Los negociantes le prometieron ganar USD 50 por cliente, pero al llegar a Ibarra solo les pagaban USD 5 y no les permitían salir. El trabajo era de 15 horas diarias y vivían en cuartos hacinadas. Las chantajeaban con el argumento de que tenían que pagar la deuda del viaje desde Colombia.

Después de unos días, la Policía ecuatoriana las deportó y una de ellas dio positivo a una prueba de embarazo. Para Cabrera, hay una complicidad con el dueño del burdel y la red que opera en la frontera. “Parece que hasta  se encargan de avisar que  trabajan ilegalmente para no pagarles más, cuando dejan de ser útiles”.

Una vez que las jóvenes fueron deportadas llegaron a Fundepaz, donde estuvieron por unos días y luego retornaron a sus ciudades de origen. “La probabilidad de que vuelvan al Ecuador es del 90 por ciento”, explicó Cabrera.

Para Edilsa Carrillo, asesora jurídica de la Fundación para el Desarrollo de Colombia, las ofertas seducen a las jóvenes y adolescentes.  “Si quieren vacacionar, estudiar, becas, les ofrecen de todo hasta que les convencen”.

Para ella la explotación laboral tiene alta incidencia pero no se visibiliza. “Pocas personas se atreven a denunciar y callan a pesar de que son maltratadas y se quedan en los trabajos por un plato de comida o un dormitorio”.

Jesús Arciniega, de Fundepaz, manifestó que una vez que se identificaron los problemas se tiene que intervenir. “Hay que acudir a la Defensoría del Pueblo de los dos países. Es la única forma de detener a los culpables”. Tras el encuentro binacional en la frontera norte, se dio paso a la creación de un comité contra la trata de personas.