Redacción Judicial
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El grado de violencia empleado por los criminales en las últimas semanas provocó una reacción inesperada del Gobierno. A través del Decreto Ejecutivo 82, el presidente Rafael Correa declaró “el estado de excepción, sin suspensión de derechos, en Guayaquil, Quito y Manta”.
El Decreto presidencial
“Art. 1. Declarar por 60 días, ante la agresión del crimen organizado, el estado de excepción, sin suspensión de derechos, en Guayaquil, Quito y Manta, sin perjuicio de que se lo extienda, posteriormente, a otras ciudades del país”.
“Art. 2. Mientras dure el estado de excepción, se dispone que las FF.AA. colaboren y apoyen a la Policía en los operativos de control antidelictivo, de armas y vehiculares en Guayaquil, Quito y Manta, para cuyo efecto el Ministro de Gobierno será el responsable de la coordinación…”.
“Art. 3. De la ejecución del presente Decreto, que entrará en vigencia en la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a los ministros de Gobierno y Policía y de Defensa Nacional”.
Con la medida, que se aplicará por 60 días, Correa dio luz verde al ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, para el empleo de las Fuerzas Armadas en los operativos que efectuará la Policía.
Según la legislación vigente, solo el Presidente tiene competencia para dictar el estado de excepción y delegar tareas de seguridad ciudadana a los militares, siempre y cuando se respeten los derechos humanos. De la vigilancia de esta tarea estará a cargo la Asamblea Nacional.
En los considerandos del Decreto, Correa señaló “que frente al flagelo de la delincuencia es necesario incrementar y reforzar los operativos antidelictivos, de control de armas y de vehículos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, para lo cual la Policía, dentro del orden institucional, no es capaz por sí sola en la medida de las exigencias actuales”.
Eso pese a que en el último año la Policía recibió la mayor inyección de recursos de su historia: USD 300 millones se destinaron para la compra de nuevas pistolas, municiones, vehículos, uniformes, chalecos antibalas, adecuaciones de sus instalaciones…
Hace dos semanas, el Presidente dijo públicamente que iba a exigir cuentas a la Policía, porque no estaba actuando para frenar los delitos de mayor conmoción, pese a la inversión hecha.
Cifras de la Policía revelan que los asesinatos se incrementaron en un 4 % en un año. De enero a agosto de 2008 se registraron
1 684 homicidios en el país; en el mismo lapso de 2009 hubo 1 761 asesinatos.
Ayer, el fiscal general, Washington Pesántez, manifestó que “estamos frente a un estado de emergencia delictiva”.
Lo dijo en medio de la presentación de los supuestos responsables de la muerte de la joven francesa Charlotte Mazoyer, de 27 años. Ella fue atacada el 12 de septiembre cerca de su lugar de residencia, en Guápulo, en Quito. Dos hombres le dispararon y huyeron en un taxi amarillo.
Pesántez anunció que implementará un Plan Nacional para la Prevención del Delito, con el fin de reducir los índices de criminalidad en seis meses. El Fiscal también ordenó que todos los delincuentes confesos sean expuestos a los medios de comunicación “para que la ciudadanía los identifique y denuncie”.
El Código de Procedimiento Penal prohíbe publicar imágenes sin que exista una sentencia judicial, pero Pesántez dijo que el sistema garantista de protección tiene que aplicarse a la ciudadanía y no a los delincuentes. “A ellos se les garantizará el debido proceso, pero serán expuestos”.
41 asaltos
a bancos se registraron de enero a agosto en el país. El año pasado hubo 24.
Con base en ello, ayer la Policía mostró a los tres detenidos por la muerte de la joven francesa: José Andrés V., 19 años, José Leonardo Q. y Geovanny L., de 27 años. Los vistieron con camisetas anaranjadas con rayas blancas.
Uno de los agentes que participó en la detención dijo que la clave fue el número de placa del auto en el que supuestamente escaparon el 12 de septiembre: PBC-9671, de un taxi Hyundai.
Un testigo la anotó y permitió a la Policía rastrear al dueño del automotor: Cristhian C. Él fue detenido y contó que por las noches alquilaba el auto a Geovanny L.
“Confesó quiénes fueron los culpables del asesinato. Ahora están en los calabozos de la Policía Judicial”. La Policía aseguró que los tres ecuatorianos tenían la intención de asaltar a Charlotte. Sin embargo, al no hallar objetos de valor, trataron de subirla al taxi por la fuerza “posiblemente para violarla”. Ella se resistió y José Andrés V. la obligó a arrodillarse.
Apuntó con su arma y le disparó a quemarropa. José Leonardo A. se encargó de hacer un segundo disparo contra la joven francesa.
El crimen causó conmoción y provocó una reacción del presidente de Francia, Nicolás Sarkozy. El Mandatario anunció que autoridades de su país ayudarían en la investigación criminal.
Esta semana, el clima de violencia no cesó: el iraní Mohammad-Reza Hedayati, tesorero del Casino del Hotel Quito, fue asesinado en un intento de robo.
Los últimos casos de delincuencia
Una francesa fue asesinada en Quito (publicado el 17/09/2009)
Sarkozy envió una carta después del asesinato (publicado el 30/09/2009)
Una madre y su hija fueron asesinadas violentamente en Guayaquil (publicado el 19/09/2009)
Una banda atacó a 3 autos blindados (publicado el 24/09/2009)
Una mujer perdió la vida durante un secuestro exprés en Guayaquil (publicado el 28/09/2009)
Un iraní fue abatido en Quito (publicado el 30/09/2009)
La muerte de Hedayati salpica a su escolta (publicado el 01/10/2009)