12 de diciembre de 2019 10:00

Crítica a adjudicación de textos de Ciencias Sociales

La profesora Fanny Noboa, en uno de los salones de clase de la Escuela Fiscal Manuela Espejo, en la capital. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La profesora Fanny Noboa, en uno de los salones de clase de la Escuela Fiscal Manuela Espejo, en la capital. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Mariela Rosero Ch. y
Valeria Heredia

Algo más de 13,7 millones de textos, divididos en cinco paquetes para chicos de segundo de básica a tercero de bachillerato, se imprimirán. Son para alumnos de planteles fiscales de la Costa, que empezarán clases el 13 de abril, en 2020.

Para la adjudicación a las editoriales hubo una ‘cotización de bienes y servicios’, en la plataforma del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). El proceso se abrió el 29 de octubre y ya hay ganadores.

En mayo, el exministro de Educación, Milton Luna, anunció que reemplazaría la dotación de textos por módulos de 16 páginas cada uno.

Pero el 8 de julio, la nueva ministra, Monserrat Creamer, decidió suspender la elaboración de ese material. Y retomar la entrega de libros, para garantizar la calidad. Los módulos, cuyo contrato de elaboración ya había sido firmado por su antecesor, son un insumo de apoyo y están en la web.

En tiempo récord, la Cartera convocó a editoriales, que cedieron los derechos de sus contenidos para este ciclo 2019-2020, en la Sierra. Tras una subasta, la reimpresión de textos se adjudicó a cuatro proveedores. Entonces se informó que se había eliminado el contenido con “sesgo ideológico”.

Para el ciclo Costa se esperaba un nuevo proceso. El total del presupuesto referencial es de USD 15 millones. Los textos son para 2 219 046 estudiantes.
Una vez que se conocieron los nombres de los ganadores, hay críticas. Simón Espinosa y Luis Mora Ortega, presidente y director ejecutivo de la Corporación Editora Nacional, detallaron su malestar, en una carta dirigida al presidente Lenín Moreno, el 28 de noviembre.

En resumen, aseguran, el Ministerio seleccionó los textos de la Costa sin analizar su contenido, sin evaluarlos y sin establecer cuáles son los mejores. Se quejan porque “se convocó con plazos y tiempos cortos; no se consideró la calidad y se tomó en cuenta criterios ajenos a la acción educativa, como el precio más bajo y requerimientos burocráticos y sobre mypes y EPS”.

La Corporación ha participado entre el 2010 y 2016. En el primer año ganaron sus textos para sexto y séptimo años. En el 2015, los de quinto a décimo.

Esta vez no fueron elegidos. Pero autorizan al Ministerio a usar sus textos de estudios sociales. Actualizaron el contenido de historia, “con énfasis en la institucionalización del país y a la lucha contra la corrupción. Se reformuló la integración y la situación de Unasur”.

Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia, en una misiva, le pide al Ministerio recibir en audiencia a los firmantes. Y atenderlos en “la medida de lo legal y factible”.

Eso comentó la viceministra Susana Araujo. También, que el martes en la tarde ella y el ministro subrogante, Vinicio Baquero, recibieron a Espinosa, Mora y Gonzalo Ortiz, miembros de la Corporación. La ministra Creamer está fuera del país, en Dubái.

Reconocimos -señaló Araujo- que el proceso no tuvo los tiempos y valores de otros, pues este año hubo un concurso para hacer los módulos pedagógicos, que reemplazaban a los libros, en la administración de Luna. Tuvimos que retomar la compra de derechos de contenidos con las editoriales, lo que implicó negociación con el Ministerio de Finanzas.

Además, Araujo remarcó que desde el inicio de la convocatoria, las editoriales conocieron las fechas, plazos y reglas.

La Corporación critica varios requisitos y el peso que se le da en la selección al precio: 50 puntos de 100 en la ponderación. Eso -aclaró Araujo- depende de Sercop. Y contó que hubo una casa que bajó su precio a menos de la tercera parte, pero ni siquiera pasó de la primera fase del concurso.

“Son editores de vieja data. Saben que en el primer proceso en el 2010 no existía el portal de compras públicas. Desde su creación las entidades estatales estamos obligadas a usarlo. No podemos dar de baja este proceso al recibir una donación de contenidos”, reiteró y adelantó que pusieron el pedido de la Corporación en manos de su área jurídica.

Araujo recordó que los contenidos de los textos deben estar certificados (en el 2016) por universidades. Eso garantiza la calidad. “En los de sociales, la misma Ministra trabajó para retirar el sesgo ideológico”.

Ocho editoriales participaron en el proceso, para libros de tres áreas del conocimiento: matemática, estudios sociales y ciencias naturales.
“Lengua quedó fuera, hay un convenio para esa dotación”, según Patricio Bustos, vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores, que agrupa a 10 editoriales.

En este año -explica- el proceso se basó en ocho parámetros, entre ellos, experiencia general, específica, técnica, guía docente, participación local y oferta económica. La última tiene la mayor carga. Pese a ello, relató que se evaluaron todos los parámetros, sobre todo, experiencia y calidad.

Bustos también señaló que los textos sí han tenido ajustes, en especial, los de estudios sociales. Se retiraron términos como buen vivir o socialismo del siglo XXI. “El Ministerio puede pedir más cambios, luego de la firma de los contratos”.

Además, habló sobre la forma de pago, más favorables para la Cartera. “Este año se aspira que paguen el 10%; en 2020, el 50%; y en 2021, el 40%”.

La revisión de los libros estuvo a cargo de universidades como la Salesiana; la última en 2016. María José Arízaga encabezó el equipo de docentes que analizó 44 textos, de segundo a tercero de bachillerato.

Aleatoriamente se les entregó textos de lengua y literatura, estudios sociales, historia, matemática, educación para la ciudadanía y ciencias naturales. “El Buen Vivir, por ejemplo, pero viene de la Constitución. No hallamos temas resaltando a la revolución ciudadana. Pedimos ajustar uno que hablaba de la conquista”.

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