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Empresas públicas para regular el mercado

Redacción Guayaquil

La propuesta de crear una empresa estatal para que exporte banano y solucione el incumplimiento del precio oficial de la caja generó debate en el sector. Los exportadores sostienen que el Estado no debe competir con el sector privado mientras que los productores la promueven como la mejor alternativa.

El presidente Rafael Correa propuso, el sábado pasado,  la creación de la empresa  para que se respete el precio oficial que se ubica en USD 5,40 la caja.
Eduardo Ledesma, director de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), sostuvo que el Gobierno es para administrar, regular, evitar que existan abusos y facilitar mercados y oportunidades. “No creo que el Gobierno debe ser competencia. Pero si  la empresa privada no puede llegar a un mercado  y el Gobierno  lo puede hacer estaría muy bien”.

Ledesma dijo que si se crea la empresa  pedirán que se apliquen las mismas reglas para todos.

En cambio, para los productores de la fruta es la mejor opción que tienen para  recibir el precio justo por la caja. Paúl González, presidente del Centro Agrícola de Machala, la nacionalización del banano es la clave y para eso se debe conformar una empresa estatal  que venda la fruta a los mercados de la Unión Europea. “Ahí debemos plantear nuevamente la cuota país para que se beneficien los pequeños y medianos productores. Rusia también    será parte de la UE y por eso debemos consolidar ese mercado”.

Pero Correa no solo quiere apostar al negocio bananero sino también al procesamiento del pescado y su venta en el exterior. Guillermo Morán, subsecretario de Recursos Pesqueros, contó hace un mes que existe un proyecto para construir una planta procesadora de pescado en Manta, para comercializar el producto.

El Estado  ya ha incursionado en  la compra y venta de arroz. Hasta el 23 de octubre la Unidad de Almacenamiento (UNA) del Ministerio de Agricultura compró
233 602 quintales a los productores al precio oficial y desembolsó USD 6,2 millones.

Para Wilmar García, arrocero, la intervención estatal tuvo buenas intenciones pero no dio resultado porque tuvo limitaciones. “Se propuso comprar 100 000 toneladas de arroz pero no se contó con los espacios físicos ni la liquidez necesaria para pagar”.

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