El lunes 8 de julio del 2019, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, acudió a la Asamblea, para hablar del caso Sobornos. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Las investigaciones sobre los aportes ilegales entregados a Alianza País arrojan más datos. La Fiscalía halló el archivo original que detalla los pagos realizados por las empresas privadas a cambio de obtener contratos.
Esta información está contenida en 69 000 hojas, que se extrajeron tras revisar 3 148 archivos encontrados en la computadora de Laura Terán.
Ella es una de las procesadas por este tema, junto a la exasesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, a Alexis Mera y a María de los Ángeles Duarte.
Las investigaciones advierten que el partido del correísmo armó una “estructura compleja”, para receptar aportes de, al menos, 18 empresas contratistas del Estado. Estas firmas realizaban pagos a Alianza País, para sus convenciones, mítines, desplazamientos por el país, pago de camisetas, chompas, alimentación, logística, etc.
En uno de los documentos se muestra cómo, por ejemplo, Odebrecht realizó nueve depósitos por USD 2,7 millones. Otras firmas realizaron pagos que van entre USD 8 000 y USD 1 000 000.
Los aportantes están identificados con claves como V7, V2, V3, V11, etc.
Toda la información hallada en la computadora de Terán se manejó con iniciales. En uno de los documentos liberados se lee: “L3 cumpliendo, pendiente de facturar USD 125 059”. En otra parte se indica: “L2, cumpliendo, pendiente por facturar USD 3 738”.
Más abajo se señala otro caso: “Debe un cheque por USD 51 101 y una retención de USD 383,24. Pendiente de pagar USD 48 098”.
Según la Fiscalía, todo se maneja bajo la denominada figura de cruce de cuentas. Es decir, que los gastos de las campañas eran cubiertos por contratistas, que luego obtenían obras con el Estado.
Entre otros mensajes también aparece lo siguiente: “Ofreció USD 2 000 000, uno a MD y el otro a WS. Desde el inicio no demostró interés de cumplimiento, no contestaba llamadas, se ha negado recibir facturas y el 17 de mayo del 2014 me comunicó que no tiene liquidez. Al momento están pendientes dos facturas que ya fueron emitidas”.
De una empresa se dice que ofreció USD 40 000, pero que puede cumplir con USD 300 000, de los cuales ya cumplió USD 60 000 y USD 240 000 está cumpliendo”.
Además, son mencionados dos empresarios y de ellos se asegura que están “cumpliendo con el pago de una factura por USD 270 000”.
Uno de los archivos detalla cómo una empresa pagó por organización de eventos, asesoría técnica, eventos de catering, material publicitario, material fotográfico para publicidad, impresos material publicitario, organización y dirección de eventos, apoyo logístico de comunicación, etc.
Este caso nació como Arroz Verde, pero ahora se llama Sobornos 2012-2016.
Dentro de este expediente, la Fiscalía tiene “18 cadenas de custodia con más de 200 evidencias”. Entre las pruebas están “varias agendas” confiscadas a Pamela Martínez y que fueron encontradas en sus inmuebles. En las agendas se manejaban códigos, nombres de funcionarios públicos, nombres de empresas, fechas y cantidades. Además, se incautó dinero en efectivo y computadoras.