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Empresa que realizaba supuesta explotación laboral fue clausurada y multada

La Cartera de Estado encontró irregularidades en la compañía Furukawa Plantaciones C.A. de Ecuador. Foto: Tomada del Twitter del Ministerio de Trabajo

La Cartera de Estado encontró irregularidades en la compañía Furukawa Plantaciones C.A. de Ecuador. Foto: Tomada del Twitter del Ministerio de Trabajo

La Cartera de Estado encontró irregularidades en la compañía Furukawa Plantaciones C.A. de Ecuador. Foto: Tomada del Twitter del Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo clausuró a la empresa Furukawa plantaciones C.A. del Ecuador por supuestos incumplimientos laborales, informó la Cartera este martes 19 de febrero del 2019.

La firma se dedica a la producción y comercialización de abacá ( fibra que se usa para fabricación de papeles y otros insumos).

Ayer, la Defensoría del Pueblo dio a conocer un informe que denuncia graves vulneraciones de derechos humanos a grupos familiares (afrodescendientes, en su mayoría) que habrían sido “explotados laboralmente”.

Según la Defensoría, dentro de la empresa hay campamentos en los que viven familias enteras y algunos de sus miembros (incluidos mujeres, niños y adultos mayores) trabajan exclusivamente para extraer la fibra, a cambio de bajas remuneraciones.

En el informe también se detalló que las condiciones de vida dentro de esas haciendas son de extrema pobreza e indignas, provocadas por la informalidad laboral, la falta de servicios básicos y el analfabetismo.

Tras recibir las denuncias de empleados, el Ministerio de Trabajo realizó inspecciones donde se identificaron incumplimientos a los derechos de los trabajadores.

Entre ellos están la falta de afiliación y contrato de trabajo, de pago de beneficios sociales, pagos inferiores respecto a la remuneración básica unificada, intermediación, condiciones de trabajo infrahumanas, trabajo infantil y en personas de la tercera edad, insalubridad.

Además, los inspectores señalaron que los trabajadores desarrollan sus actividades en medio de un alto riesgo laboral. La empresa tampoco, según el Ministerio, ha entregado ropa y herramientas de trabajo, no reconoce utilidades, cuenta con un reglamento de trabajo obsoleto y no cancela horas extras.

La Dirección Regional del Trabajo de Guayaquil impuso una multa de USD 10 720 y 21 440 y dispuso la clausura del establecimiento.

La Dirección Regional del Trabajo de Portoviejo también dispuso otra multa de USD 10 720 y dispuso la clausura del local ubicado en esa ciudad.

Este Diario intentó contactar a Marcelo Almeida, secretario del Directorio de Furukawa plantaciones C.A. a su teléfono celular, pero hasta el cierre de esta edición (13:22) no respondió.

Furukawa respondió, a través de un comunicado de prensa, que “ha cumplido de forma cabal sus obligaciones laborales, tributarias y comerciales”.

La empresa señaló que cuenta con 198 trabajadores directos que ganan salarios iguales o superiores a los legales y gozan de todos los beneficios de Ley, están afiliados al seguro social, disponen de uniformes, guantes y otros elementos para el desempeño de sus labores.

La firma comentó que también cuenta con proveedores independientes que, a su vez, son patronos y responsables de la condición de sus trabajadores. “Esta organización del trabajo se presenta en diversas cadenas productivas de la costa ecuatoriana y es perfectamente legal”.

La firma señaló que desde hace 10 años ha optado por dar en arrendamiento sus predios rústicos e instalaciones a empresarios unipersonales en contratos. “Ellos se benefician de las utilidades de la producción y asumen la responsabilidad por sus trabajadores”, indicó.

Aseguró que ha recurrido a esta forma de relación civil, a partir del Mandato 8, emitido en el 2008, que prohibió la contratación laboral temporal o por horas, ignorando ese Mandato que muchas actividades agrícolas como el cultivo de abacá requieren trabajadores temporales u ocasionales.

Finalmente, señaló que denunció el 26 de noviembre de 2018 al Ministerio del Trabajo que desde hace un año está actuando en la zona Walter Sánchez, un supuesto agitador que se habría presentado como pastor sin serlo, quien ha ingresado ilegalmente a las plantaciones situadas en Quevedo, “con el objetivo de instigar tanto a los arrendatarios como a los trabajadores que exijan a la empresa FPC supuestas obligaciones, que son propias de los locatarios”.

“El mismo agitador, en forma audaz, alevosa y descarada, en junio del 2018, propuso a la compañía que si le entregaba la suma de USD 4 millones de “la dejaría en paz. Dos meses más tarde bajó su exigencia a un millón y medio de dólares”, lo cual fue denunciado ante la Fiscalía, apuntó la compañía.