La asambleísta Elizabeth Cabezas manifestó su preocupación por varios artículos de la reforma económica planteada por el Ejecutivo. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Elizabeth Cabezas, vicepresidenta de Alianza País, dijo hoy, 14 de noviembre del 2020, que es preocupante que los tiempos en la Comisión de Régimen Económico se hayan estirado al tope al punto que existe un riesgo real de que la reforma económica planteada por el Ejecutivo pueda entrar por el Ministerio de la Ley.
“La responsabilidad de la Asamblea es debatir la Ley, pero de manera responsable y no correteando”, precisó la legisladora, quien un día antes expuso sus reparos al proyecto de Ley que discute la Asamblea. Aclaró que las discrepancias las presentó a título personal.
En diálogo con El Comercio, señaló que si la reforma se aprueba sin debate en el Legislativo se corre el riesgo de que se presenten demandas de inconstitucionalidad.
Además, explicó que existen errores en el texto que inclusive han sido reconocidos por el Jefe de Estado, los cuales deben corregirse. Mencionó, por ejemplo, el artículo que señala que el IESS y otras instituciones públicas de seguridad social son entidades gubernamentales, cuando la Constitución les da autonomía.
El mayor desafío es lograr un informe de mayoría, dijo Cabezas a las 16:00 de ayer 13 de noviembre del 2019.
Preocupa que ya existen un informe de minoría y “si se suman otros” podrían no haber los votos suficientes para un documento de mayoría y, con ello, la reforma entraría por el Ministerio de la Ley.
Según Cabezas, la Ley no fue consensuada o tratada previamente con la bancada de AP, lo cual impidió identificar los puntos conflictivos del texto con anticipación.
Ella manifestó su preocupación por varios artículos. Por ejemplo, la disposición transitoria que señala que quienes decidan repatriar sus capitales quedarán libres de enjuiciamiento de enriquecimiento ilícito, “que podría liberar de responsabilidades a quienes sacaron recursos que no son producto de un trabajo lícito”.
Otra inquietud se relaciona con la reforma que reduce el pago del tributo por participación de mercado para las empresas de telefonía móvil.