Ruth Arregui, superintendenta de Bancos. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Entrevista a Ruth Arregui, superintendenta de Bancos.
¿Por qué la Superintendencia se opone a las reformas económicas?
No es que esté opuesta. Todo lo contrario. Estoy posesionada desde hace unos cinco meses y lo primero que hicimos fue un diagnóstico de cómo nos encontrábamos como entidad, incluidos los sistemas de control y leyes vigentes porque eso, a la larga, permite el desarrollo del sector bancario.
¿Qué hallaron?
El Código actual tiene debilidades y, por otro lado, espacios de mejora. Entre otros, planteamos ajustes a la regulación para mejorar la supervisión y el control, que son funciones a cargo de la Superintendencia.
¿Se acogieron?
Una parte fue recogida por el Ejecutivo, pero la reforma se envió con otros cambios y algunos no son convenientes en función de mejorar la supervisión de las entidades financieras.
¿Cuáles?
Primero es importante que la Junta se dedique solo a regular y no a definir la política, que es una función exclusiva del Ejecutivo. Si la Junta entra a definir políticas se está arrogando funciones. Segundo, la Junta debe ser independiente y eso no es solo una etiqueta.
¿Cómo mejorar la reforma al Código para lograr ese objetivo?
Es un avance que la reforma proponga que los ministros ya no sean miembros de la Junta, pero debe haber pesos y contrapesos en la designación y no quedar a cargo solo del Jefe de Estado. El Presidente puede nominar, pero la elección puede estar a cargo de la Asamblea.
¿Con eso se arregla la falta de independencia?
El proceso de selección es un factor, pero hay otro y tiene que ver con las funciones, las cuales deben ser acotadas solo a la regulación y no tomarse atribuciones de otros entes.
¿En qué se evidencia?
La reforma establece entre los deberes y funciones de la Junta el suspender la aplicación de las normas emitidas por los entes de control cuando no estén acordes a las políticas de la Junta. Es una barbaridad desconocer las normas de los entes de control por un tema de política pública. Además, la Superintendencia debe controlar al BCE, pero si la reforma diluye esa responsabilidad es una forma de restarle competencias.
¿Cuáles son los riesgos de esta falta de control?
El primero es un anarquismo; es decir, el BCE tendría una institucionalidad autoreguladora y sin un contrapeso que le controle y limite. Y el segundo es la impunidad porque no hay nadie sobre el BCE.
El Ejecutivo ha señalado que la Asamblea y el Presidente pueden ejercer un control.
No es su competencia.
Entonces, ¿cómo lograr el objetivo de la autonomía del BCE?
De la misma manera que con la Junta, con contrapesos en la designación.
Hoja de Vida
Formación.
Máster en Microfinanzas y Desarrollo Social y otros estudios superiores.
Experiencia.
Fue gerente del BCE, docente y otros cargos.