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La justicia penal dictó una condena ejemplar en la provincia del Guayas tras juzgarse el caso de tráfico de iguanas de Galápagos, imponiendo cuatro años de privación de libertad a tres ciudadanos extranjeros hallados culpables de atentar contra la biodiversidad ecuatoriana. En la resolución emitida durante la audiencia de juzgamiento, el magistrado acogió los elementos probatorios presentados por los fiscales e impuso una sanción pecuniaria de 10 salarios básicos unificados (4 820 dólares), sumada a una indemnización económica fijada en 1 200 000 dólares por concepto de reparación integral al ecosistema afectado.
La resolución judicial se estructuró a través del esquema procesal directo.
El fallo condenatorio se dictó bajo la figura de procedimiento directo, mecanismo contemplado en la normativa penal para resolver causas flagrantes en un único debate de juzgamiento. Las autoridades judiciales concluyeron la responsabilidad penal de los tres individuos imputados por el delito contra la flora y fauna silvestres, luego de que fueran interceptados en la terminal aérea con los ejemplares ocultos en sus pertenencias antes de que lograran embarcar rumbo al exterior.
La inspección de equipajes detectó a los animales envueltos dentro de maletines de mano.
La aprehensión de los implicados se remonta a la noche del 19 de mayo de 2026 en las instalaciones del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. Durante los chequeos a los bultos personales, miembros de la fuerza policial y funcionarios ambientales descubrieron 12 especímenes amarrados y embalados en tres valijas de cabina. Los tres hombres, de 30, 36 y 39 años, salieron de Baltra y pretendían abordar un vuelo internacional con destino final a la ciudad de Bangkok, en Tailandia.
El traslado forzado provocó el deceso de una parte del cargamento ilegal.
Las precarias condiciones de transporte ocasionaron la muerte de dos de los animales durante la travesía aérea, mientras que las 10 iguanas que lograron subsistir al encierro fueron reinsertadas en su hábitat natural insular el 31 de mayo de 2026.
La especie marina afectada es única en el planeta y endémica del archipiélago, caracterizada por ser el único reptil capaz de bucear y alimentarse bajo el agua hasta por una hora en las reservas de las islas.
El precedente de tortugas en Baltra marcó el debate sobre las rutas de extracción.
El juzgamiento por estos reptiles reactivó los cuestionamientos de expertos ambientalistas, como el jurista Milton Castillo, respecto a la necesidad de investigar las estructuras dedicadas a movilizar vida silvestre en terminales aéreas.
Castillo recordó sucesos previos como el hallazgo de 185 tortugas gigantes en el aeropuerto de Baltra en marzo de 2021, donde un agente policial fue sentenciado a tres años de encierro, alertando sobre la importancia de desarticular las cadenas logísticas que permiten extraer especies nativas desde las islas hacia el continente.
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