
La recuperación de un loro cabeciazul (Pionus menstruus) en Pichincha y tres monos ardilla (Saimiri macrodon) en Napo, en febrero de 2026, volvió a poner en evidencia un problema persistente en Ecuador: el tráfico ilegal de fauna silvestre.
Este delito no solo amenaza la biodiversidad, también activa sanciones administrativas y penales que pueden incluir prisión.
Autoridades ambientales recuerdan que la denuncia ciudadana resulta clave para frenar esta actividad, considerada el cuarto negocio ilícito más lucrativo del mundo.
El primer paso consiste en reconocer situaciones sospechosas. La tenencia ilegal de animales silvestres como mascotas, su venta en mercados o redes sociales y el transporte sin permisos constituyen señales de alerta.
Especialistas recomiendan evitar la confrontación directa con los involucrados y priorizar la seguridad personal. La recolección de datos básicos facilita la intervención de las autoridades.
Entre la información útil constan:
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En Ecuador existen varias vías para reportar estos casos:
Las autoridades recalcan que cualquier ciudadano puede denunciar, incluso de forma reservada.
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La legislación ecuatoriana contempla dos vías de sanción.
Vía administrativa (Código Orgánico del Ambiente): multas desde cinco hasta 65 salarios básicos unificados, según la gravedad del caso, el nivel de amenaza de la especie y la capacidad económica del infractor. Además, se dispone el decomiso del animal.
Vía penal (artículo 247 del COIP): penas privativas de libertad de uno a tres años para quienes capturen, transporten, comercialicen o se beneficien del tráfico de especies silvestres.
La pena máxima aplica cuando el delito afecta especies en peligro de extinción, ocurre dentro de áreas protegidas, involucra delincuencia organizada o provoca muerte masiva de animales.
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En los últimos años, las autoridades retuvieron 1 289 individuos de vida silvestre. Las provincias con más rescates fueron El Oro (347), Pichincha (192) y Napo (138).
Del total, 53 animales pertenecían a especies en peligro crítico y 38 a especies en peligro, lo que evidencia la presión directa sobre poblaciones vulnerables.
El daño va más allá del sufrimiento animal. La desaparición de aves y primates afecta la dispersión de semillas y compromete la regeneración de los bosques. También altera la cadena alimenticia y aumenta el riesgo de zoonosis, enfermedades que pasan de animales a humanos.
Organismos ambientales estiman que por cada ejemplar que llega vivo al comprador, al menos nueve murieron durante la captura y el transporte.
La denuncia oportuna, insisten las autoridades, puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la desaparición de una especie.